HUELVA.- La Inspección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha denunciado ante la Policía Judicial a la empresa Doñana 2000, de Rociana del Condado (Huelva), dedicada al cultivo y comercialización de fresas, por la presunta explotación laboral que ha venido sufriendo más de un centenar de inmigrantes. El informe redactado por los inspectores, y que ya ha sido trasladado al juzgado de guardia, indica que los trabajadores soportaban condiciones de trabajo infrahumanas.
Los alojamientos carecían de las más mínimas condiciones de habitabilidad y, ante la escasez de agua potable, ésta se encontraba racionada. En concreto, tras la jornada laboral, los temporeros descansaban en tres módulos de chapa metálica, de reducido espacio, lo que provocaba que tuviesen que dormir hacinados. Además, estas instalaciones no disponían de la necesaria ventilación, electricidad, ni tampoco de letrinas, lugares de aseo o comedores.
Estos inmigrantes, que en la mayoría de los casos carecen de la correspondiente documentación para legalizar su situación, provienen de Marruecos, Ecuador, Lituania y Rumanía. Los inspectores lograron identificar a 56 de ellos. El resto no pudo serlo, debido a que huyó ante el aviso de personas relacionadas con la empresa, que se desplazaban por el lugar en vehículos todo-terreno. A muchos de estos trabajadores, también se les adeuda una cuantía que, de forma global, podría superar los cinco millones de pesetas.
«Traficantes de esclavos»
Tras esta inspección, el Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado ha abierto diligencias contra dicha empresa para determinar si la situación en que se encontraban estos ciudadanos extranjeros podría ser constitutiva de delito. Los sindicatos UGT y CCOO, junto con la asociación de productores y exportadores de fresas (Freshuelva) coincidieron ayer al calificar de «inaceptable» una situación de este tipo.
Para el secretario provincial de UGT, José María Muñoz, esto pone de manifiesto la existencia de algunos empresarios que pertenecen a un sector en el que muchos son honrados y otros son «traficantes de esclavos». Mientras tanto, el responsable del Campo de CCOO, Santiago Lepe, aseguró que, de ningún modo, se puede consentir que ocurran situaciones de este tipo, al tiempo que advirtió de que casos como éste son los que realmente dañan la imagen del colectivo fresero de la provincia.
A estas críticas se unió el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que denunció ayer que la carencia de viviendas dignas para los temporeros sigue siendo una asignatura pendiente por parte de las administraciones y de la patronal. A ello se unen las reticencias de muchos ciudadanos a alquilar inmuebles vacíos cuando se trataba de inmigrantes, «ya fuesen latinoamericanos, inmigrantes o personas de la etnia gitana».
Por su parte, Freshuelva, que definió como «aislado» este caso, estudia la posibilidad de emprender sanciones contra Doñana 2000, firma que está asociada a la organización. Así, en la reunión que la junta directiva celebrará la próxima semana, se decidirán las medidas que se adoptan hacia dicha empresa agrícola.
Su gerente, la italiana Mirella Giorgi, pidió apoyo recientemente a Freshuelva, aunque sus responsables le respondieron que, en asuntos de este tipo no podían ayudar a nadie, pues estaba incumpliendo la normativa vigente y las leyes más elementales.
Doñana 2000, con sede administrativa en Rociana del Condado, posee su finca en el término municipal de Almonte, donde los inspectores llevaron a cabo el pasado sábado su visita. Esta empresa ya sufrió el pasado año diversas críticas por parte de temporeros magrebíes que llegaron a movilizarse en contra de la actitud «dictatorial» adoptada por su principal responsable, así como el impago que sufrían, por lo que llegaron incluso a movilizarse.
Semanas atrás, alrededor de 30 inmigrantes, en su mayoría ecuatorianos, denunciaron que la empresa les adeudaba al menos 150.000 pesetas en cada caso. Uno de los afectados, Hugo Chouca, criticó el comportamiento de esta firma agrícola, que tuvieron que dejar: «Trabajábamos y no cobrábamos el dinero», subrayó. Por ello, no se descarta que inicien una huelga de hambre si en los próximos días no han recibido aún las cuantías que se les adeudan por el trabajo realizado.
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