El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se comprometió hoy ante sindicatos y empresarios a dar continuidad a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y a garantizar su suficiencia financiera, incrementando, si es posible en este ejercicio, la dotación que tiene asignada (algo más de 9 millones de euros en este año).
Para ello, la Seguridad Social podría recurrir al superávit que registran las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, entidades colaboradoras del sistema, o bien hacerlo con cargo a Presupuestos, aunque, según el responsable de Salud Laboral de CC.OO., Joaquín Nieto, lo más probable es que la financiación de la Fundación proceda de los excedentes de las Mutuas.
Tanto Nieto como su homóloga de UGT, Dolors Hernández, valoraron con satisfacción este compromiso de Granado, pues es una de las demandas que vienen realizando en su objetivo de luchar contra la siniestralidad laboral. Los sindicatos reclaman que la Fundación tenga carácter permanente y que su financiación alcance los 30 millones de euros al año.
Granado y los representantes sindicales hicieron estas declaraciones tras participar en la primera reunión “formal” del Consejo Tripartito de Prevención de Riesgos Laborales, integrado por Gobierno, CC.OO., UGT, CEOE-Cepyme, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo, éstas últimas con voz, pero sin voto.
A este Consejo Tripartito, según acordaron sus miembros, se incorporará también el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, todo ello con el objetivo de coordinar las actuaciones de las áreas de Empleo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos.
La constitución de este Consejo, cuya creación se deriva del acuerdo social contra la siniestralidad laboral de diciembre de 2002, fue muy valorada por los representantes de CC.OO. y UGT, pues, según destacaron, implica que “desde hoy” podrán controlar las actividades preventivas programadas por las Mutuas, con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social.
Los sindicatos ven en ello un “paso importante” para la reforma, democratización y transparencia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, una de sus principales reivindicaciones. “Los agentes sociales podremos plantear qué actuaciones pueden desarrollar las Mutuas y eso es muy importante, porque hasta hace poco tiempo no había control en la programación de sus actividades”, subrayó Dolors Hernández.
En la reunión de hoy, también se aprobó, por unanimidad, el Plan de Formación en Prevención de Riesgos, dirigido a empresarios, trabajadores y delegados de prevención, según explicó Granado. Dicho plan contará con una dotación de unos 300 millones de euros hasta 2005 y sus actuaciones arrancarán el próximo mes de septiembre.
Tanto Nieto como Hernández señalaron que esta medida era muy necesaria, pues uno de los incumplimientos “más graves” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales era la falta de formación, que apenas alcanza al 15% de los trabajadores. Nieto, satisfecho de que “el Gobierno haya pasado de las palabras a los hechos”, apuntó además que la Inspección de Trabajo podrá presentar programas de formación al Consejo Tripartito, que será el encargado de determinar si se llevan o no adelante.
Precisamente, y en referencia a la Inspección de Trabajo, los representantes sindicales demandaron al Ejecutivo más medios humanos y materiales debido a su actual “insuficiencia”. “El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo en este sentido”, concluyeron.
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