CC.OO. y UGT han convocado para mañana concentraciones ante la sede del Ministerio de Trabajo en Madrid y en las principales capitales de provincias contra el Real Decreto que segrega los servicios de prevención de riesgos de las mutuas de accidentes de trabajo por considerar que “pone en riesgo” el empleo de las 10.000 personas dedicadas a esa actividad.
Los sindicatos aprovecharán las movilizaciones para entregar en Trabajo las 8.000 firmas recogidas de trabajadores del sector contra una normativa que se prevé aprobar antes de finalizar el año, y que da siete meses de plazo a las mutuas para separar las actividades de prevención de riesgos en filiales o mediante subcontratas con terceros.
La secretaria general de Comfía-CC.OO., María Jesús Paredes, y el secretario general de Fes-UGT, Juan Sánchez, rechazaron hoy un decreto que consideran “precipitado”, con “inconcrecciones” y “lagunas” en el que no se ha tenido en cuenta la opinión del sector y reclamaron su paralización para negociar un texto en unión con las patronales del sector AMAT y Unespa.
En su opinión, el Real Decreto no da suficientes garantías a los 10.000 empleados de las mutuas dedicados a la prevención de riesgos, al no asegurarse las condiciones laborales y salariales que ahora disfrutan.
Para los sindicatos es imprescindible que los trabajadores afectados mantengan las condiciones del convenio colectivo de seguros, lo que implica su extensión no sólo a las filiales que creen las mutuas para subsumir la prevención, sino también a las empresas a las que subcontraten el servicio y transfieran sus empleados.
El problema, según reconocen, es la dispersión jurídica de las empresas, puesto que esta actividad es susceptible de trasladarse a más de 500 sociedades de distinta índole que ya ofrecen este servicio, como son departamentos especializados de consultoras o empresas de ingeniería, entre otros.
Comfía-CC.OO. y Fes-UGT son conformes a que se separe de las mutuas esta actividad, pero piden que se realice por sociedades sin ánimo de lucro constituidas con fórmulas similares a las cajas de ahorros para evitar que el precio prime sobre la calidad de los servicios de prevención de riesgos prestados.
“Queremos que la prevención no se desarrolle desde una estructura mercantil, sino societaria para que se garantice que la reducción de la siniestralidad se prioriza frente a la obtención de beneficios”, manifestó María Jesús Paredes.
Los sindicatos reclaman que la normativa reconozca además el derecho de los trabajadores a retornar a la mutua y no que sea la compañía la que tenga la opción de admitir al empleado trasladado, como figura en el borrador del Real Decreto, para evitar que quede en paro si la empresa de servicios de prevención cesara su actividad.
También denuncian que la normativa no garantizada adecuadamente la representación sindical de los trabajadores en las sociedades de prevención y solicitan que se fije un periodo transitorio de cinco años en el que las nuevas compañías puedan seguir utilizando los recursos públicos en garantía de su viabilidad.
Por otra parte, CC.OO. y UGT demandan a la Administración que permita a las mutuas unirse para constituir sociedades de prevención ajena si su tamaño resulta un problema para constituir una sociedad propia.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
