El Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión para dos empresarios por la muerte de un trabajador atropellado por un camión-tractor en las obras de asfalto de una carretera, suceso ocurrido en Los Yébenes el 25 de mayo de 2000.
F.M.F., administrador único de la empresa de hormigones y R.H.G, administrador único de otra empresa, serán juzgados en el Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo el 20 de diciembre por un delito contra la Seguridad de los Trabajadores.El fiscal también pide un año y diez meses de multa a razón de 12 euros diarios.
El acusador público asegura, en sus conclusiones provisionales, que los dos empresarios «no proporcionaron en la obra los medios destinados a evitar los posibles riesgos y que en el lugar de trabajo de las obras no se habían instalado carteles avisadores del peligro».
Asimismo, comparecerá en la vista oral como encartado J.G.C.M., de 39 años y conductor del camión-tractor que provocó el accidente mortal. El fiscal le acusa de una falta de homicidio por imprudencia leve y pide para él una pena de cuarenta días de multa, a razón de una cuota diaria de seis euros.
El accidente sucedió sobre las 20.40 en unas obras de acondicionamiento adjudicadas a Aglomerados Carrión S. A. que tenían lugar en el kilómetro 131,910 de la carretera N-401 (Madrid-Ciudad Real), dentro del término de Los Yébenes.
J.G.C.M. conducía un camión-tractor propiedad de la empresa contratista cuando atropelló a P.M.M., trabajador la empresa de hormigones, otra empresa contratista. El conductor realizaba una maniobra de marcha atrás con la finalidad de verter asfalto en la tolva de una maquinaria extendedora. P.M., de 30 años, murió por las lesiones sufridas.
J.G.C.M. «no adoptó previamente todas las precauciones debidas», según el fiscal. Además, el conductor carecía de de visibilidad «completa» y el camión no disponía de señales acústicas o luminosas para indicar la marcha atrás. Tampoco había ninguna persona en las inmediaciones que dirigiese la operación. El acusador público asegura tajante que se incumplieron «de forma consciente» el plan de seguridad de la obra elaborado por la empresa, así como las normas de riesgos laborales recogidas en las leyes.
El fiscal solicita igualmente que los tres acusados indemnicen a la familia del trabajador fallecido con la cantidad de 88.657,77 euros, de la que sería responsable civil directo una entidad aseguradora.
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