¿Se imagina recibir una sentencia donde se le reconoce que una mutua le tiene que pagar 21 millones de las antiguas pesetas por un accidente? Inicialmente todo tienen que ser alegrías, que en el caso de F.T.G. se transformaron en pesadillas cuando supo que la sentencia que le había facilitado su abogado era falsa y que de los 121.000 euros, nada de nada. Además, la víctima se quedó sin las 75.000 pesetas que había pagado al letrado por su trabajo.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona ha condenado a C.M. a dos años de prisión por un delito continuado de falsedad en documentado privado y otro continuado de apropiación indebida. Asimismo, se le sentencia al pago de 2.160 euros de multa por un delito continuado de deslealtad profesional y a la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante dos años.
La sentencia recoge cinco hechos delictivos por los que fue condenado. Quizás uno de los casos más graves fue el de F.T.G. Esta mujer, en 1995, encargó al abogado efectuar una reclamación civil contra una compañía de seguros por un accidente. A consecuencia del mismo sufrió la amputación de dos dedos de la mano derecha. A principios de 2006, el acusado facilitó a su cliente copia de una sentencia. En la misma se reconocía la suma de 21.031.724 pesetas. El documento, sin sello alguno, contenía una firma original ilegible atribuible al secretario judicial y «que no correspondía con la realidad al no haberse interpuesto por el letrado demanda alguna».
Persistiendo en su ardid, el acusado, a finales de 1996, facilitó a la mujer la copia de una sentencia de apelación, que confirmaba la anterior. Ambas carecían de legalidad ya que no se había iniciado proceso alguno. La víctima entregó al acusado como anticipo de 75.000 pesetas.
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