El sindicato UGT pidió la creación urgente de un instituto para afectados por el amianto, como organismo oficial que gestione y tramite las prestaciones y sistemas económicos reparadores-compensadores hacia este colectivo y además pidió a las comunidades autónomas la actualización “absolutamente necesaria” del Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (Rera) “en donde estén todas aquellas empresas que deben estar”.
En un documento elaborado por la Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la confederal y la provincial de Sevilla de UGT, al que tuvo acceso Europa Press, el sindicato constató la desaparición física de algunas empresas “que todavía hoy siguen inscritas en el Rera”, unido a “otras irregularidades, como que otras muchas empresas que nunca se inscribieron y manipularon amianto en su proceso industrial”.
Tras aludir a la futura prohibición del uso y comercialización del amianto en la UE “que no eliminará completamente el riesgo de exposición a este componente mineral”, UGT planteó un diseño estratégico de actuación que incluya una serie de medidas tanto a nivel estatal como autonómico y a nivel de empresa “que perfile criterios homogéneos y unívocos”.
Desde el plano político, UGT presionó al Gobierno para que elabore las modificaciones y adaptaciones necesarias en la norma actual de acuerdo con lo ratificado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además pidió al Ejecutivo central que adelante el plazo de prohibición establecido en la directiva comunitaria sobre el uso y comercialización de amianto en España.
A nivel autonómico pidieron la puesta en marcha de una campaña específica de vigilancia, seguimiento y actualización de todas las empresas que manipulan esta sustancia, la ya citada actualización del Rera y la realización periódica de controles ambientales y médicos por parte de la Inspección de Trabajo. UGT pidió a ambas administraciones, central y autonómica, más coordinación para suministrar, recopilar y actualizar datos e información sobre este asunto.
Desde la perspectiva sanitaria, y tras recordar que cualquier trabajador con antecedentes de exposición al amianto debe seguir sometido a control médico preventivo, pese a que haya cesado su actividad, pidieron a la Junta de Andalucía la creación de unidades específicas para realizar controles médico-preventivos y la puesta en marcha de una campaña de captación y llamamiento a los trabajadores postocupacionales para pasar una revisión médica en tales unidades.
Además pidieron que estas unidades específicas puedan realizar reconocimientos médicos de contraste –contrainformes– a los empleados todavía en activo en empresas con exposiciones a amianto, con el objeto de “garantizar cierta independencia de los servicios médicos de las empresas”.
A las empresas les exigieron que realicen de forma obligatoria reconocimientos médicos periódicos a sus empleados, que estos acudan para someterse a dichas pruebas a las unidades existentes en el sistema público de salud y que supervisen “e incluso exijan” que todo trabajador que abandone la empresa se pueda llevar consigo su historial médico-laboral-ambiental.
Sistema público de indemnizaciones
En cuanto al aspecto reparador-compensador, UGT pidió a nivel estatal la promulgación de una norma que posibilite el adelanto en la edad de jubilación para los trabajadores del amianto en consonancia con otros colectivos profesionales que tienen conseguidos derechos semejantes.
Además propusieron el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para los posibles afectados –que también podrían abonar las llamadas empresas vivas–, que podrían consistir, a su juicio, en prestación de pago único unido a complemento de prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social, en este caso con el referente mínimo del 50 por ciento del valor de la prestación pública.
Para UGT se debería acoger inicialmente en este sistema a trabajadores con derecho a compensaciones cuyas empresas han desaparecido o se han declarado insolventes.
Postura sobre el desamiantado
Por último, UGT aludió a su posición sobre el desamiantado o retirada de amianto instalado, para lo que exigieron la creación de laboratorios homologados que inspeccionen, detecten y evalúen las concentraciones de amianto instalado y la homologación de instrumental y equipos técnicos necesarios para efectuar controles ambientales previos, simultáneos y posteriores a la retirada del material.
Además pidieron que sean empresas autorizadas con un plan de trabajo específico las que ejecuten el desamiantado, que sean trabajadores fijos de plantilla con formación suficiente y específica y que se involucren en este proceso las entidades municipales, contratistas, colegios profesionales y organizaciones de consumidores.
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