El secretario provincial de CC.OO., Rafael Fernández Serra, acusó hoy a la patrronal de intentar ralentizar la aplicación de las cláusulas fruto del acuerdo contra la siniestralidad laboral suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla y las centrales sindicales con el fin de evitar que éste “se extienda” a otros municipios o que se aplique a nivel andaluz.
El representante sindical reaccionaba así después de que la Confederación Empresarial Sevillana (CES), la patronal de la construcción Gaesco y la del metal Fedeme, hayan presentado un recurso de alzada ante el pleno contra el primer concurso que incluye estas cláusulas sobre siniestralidad, correspondiente a una convocatoria de la Gerencia de Urbanismo.
En declaraciones a Europa Press, Fernández Serra describió la postura de la patronal como “desesperada” y se mostró seguro de que no obtendrá resultados, ni por la vía administrativa ni por la judicial.
En su opinión, los empresarios han querido dar un “aviso a navegantes” contra una “política que puede ser aplicada de forma parecida por el próximo Gobierno andaluz” y al mismo tiempo, “presionar a las empresas para evitar posibles entendimientos” en la materia, en referencia a la construcción de la Línea 1 del Metro de Sevilla, en la que los sindictos negocian con la concesionaria para aplicar la misma fórmula que en el Ayuntamiento.
“Este acuerdo es uno de los avances en política municipal más llamativo y efectivo en años, porque ofrece una posibilidad real de intervención”, una medida que en su opinión “hay que leer en positivo, en el sentido de que cuanto más se reduzcan las posibilidades de siniestros será mejor para la sociedad”, aseveró.
El dirigente sindical también acusó a los representantes de los empresarios de intentar crear un “clima de intervencionismo sindical” que “no se corresponde con la realidad” del acuerdo, que faculta a representantes cualificados de los sindicatos a paralizar obras en caso de detectar flagrantes incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales.
En este sentido, retó a la patronal a que informe de cuántas obras han paralizado los sindicatos hasta ahora a través de la Inspección sin haber “dado antes numerosos avisos, hablando con jefes de obras y responsables de tajos para que se tomaran medidas”.
Insistió en que a revisar los tajos acudirán personas cualificadas que estarán “ligadas a los comités de empresa y los delegados de prevención, nadie irá suelto” y se mostró convencido de que “al final –los empresarios– encontrarán a un colaborador”.
Fernández Serra rechazó que el acuerdo suponga una intromisión sindical en la empresa sevillana y que pueda repercutir en su marcha, como plantean los empresarios. “Los sectores industriales no se van a ir al garete por ésto”, señalando que la construcción “gana como nunca debido a la especulación del suelo y la precariedad laboral”, mientras que el sector del metal atraviesa por peores momentos “pero no por esta medida”.
En cuanto al aspecto jurídico, considera un antecedente la política de bonus-malus con la que las administraciones han intentado garantizar el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales, favoreciendo a las empresas cumplidoras en los contratos de obras.
El representante sindical considera que detrás de la postura de los empresarios tan sólo hay “una defensa de intereses de clase que visten de inseguirdad jurídica”.
Defendió la necesidad de tomar medidas que obliguen a reducir los siniestros recordando que durante el pasado año 2003 se produjeron en Sevilla 33.339 accidentes laborales de carácter leve, 663 graves y 48 mortales.
Asimismo, aseguró que estas cláusulas no supondrá un encarecimiento de las obras a no ser que las empresas “computen como coste” el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. En este sentido, lamentó que aún existan algunos empresarios que piensan que “un muerto vale 100.000 pesetas, algo dramático y triste”.
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