Un trabajador que resultó lesionado en un accidente laboral, tras quedar sepultado entre rocas y piedras junto a otro compañero, ha acusado a seis personas relacionadas con las obras de un edificio de viviendas. Esta acusación particular considera asimismo responsables a las empresas y a las aseguradoras. Los hechos sucedieron en abril de 2009 en la capital malagueña.
Según se explica en el escrito de conclusiones provisionales de la acusación particular, dos empresas, una como contratista y otra como subcontratista, comenzaron en julio de 2008 las obra de un edificio en una parcela situada entre medianeras y fachada en dos calles.
La subcontratista, según se explica en el documento, era la encargada de los trabajos de cimentación y estructura, pero la coordinación de las actividades en materia de prevención de riesgos laborales debía llevarse a cabo por ambas empresas con reuniones y entregando la contratista el plan de seguridad.
El escrito de la acusación, presentado bajo la dirección del letrado presidente de la Asociación de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil (Adevi), señala que para extraer la tierra adherida en una de las paredes se decidió un método concreto por parte de la dirección facultativa de la obra.
Así, en abril de 2009, se realizaron los trabajos para hacer bataches, técnica que se emplea cuando el terreno junto al corte debe soportar cargas a una cota superior a la del fondo de la excavación, alcanzando el talud derecho de uno de ellos una altura superior a seis metros desde el suelo.
Esto sucedió, dice el escrito, sin que por la subcontrata se hubiese procedido a colocar un sistema de entibación adecuado para evitar el riesgo de desprendimiento del terreno sobre los trabajadores, que estaban obligados a trabajar en el interior del batache para la cimentación y fabricar un muro de contención.
El día de los hechos comenzaron los trabajos de ferralla en un batache, estando encofradores y ferrallistas. Entonces, según la acusación, uno de los acusados, a la vista de la caída de algunas piedras pequeñas, avisó a los cuatro trabajadores, pudiendo salir dos, pero otros dos quedaron sepultados entre rocas y piedras.
Según el escrito de esta acusación, su representado sufrió diversas roturas, la pérdida de un riñón, además de la incapacidad permanente total para su profesión habitual. El otro, según el auto del juzgado por el que se acuerda la continuación de la causa, presentó diversas fracturas y secuelas.
Así, en dicha resolución del juzgado que se ha encargado de instruir la causa, se imputa a dos directores facultativos de la obra, al coordinador de seguridad y salud, al jefe de obras, al encargado de la misma y al representante legal de la empresa contratista.
Para esta acusación particular, los hechos constituyen un delito contra el derecho de los trabajadores en concurso con otro de lesiones imprudentes, de los que acusa a los anteriores, solicitando para cada uno 30 meses de prisión y multa de 7.200 euros, además de suspensión durante dos años para el ejercicio de sus actividades.
Asimismo, se dirige el escrito contra dos aseguradoras, solicitando que los acusados indemnicen a su representado “en la suma de un millón de euros, siendo igualmente responsables civiles directos las entidades contratista y subcontratista, así como las entidades aseguradoras.
Esta parte considera acreditado el perjuicio económico sufrido por el trabajador, por lo que se interesa una renta vitalicia de 1.000 euros al mes. Por último, insta a que se exija a las entidades aseguradoras la constitución de una fianza suficiente para cubrir con la indemnización total que se derive, fijándola, dada la gravedad de las lesiones, en tres millones de euros.
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