Incrementar de manera sustancial los controles sobre protección física de las instalaciones, los materiales nucleares y de las fuentes radiactivas, es el objetivo que recoge el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
La normativa refuerza, además, la cooperación internacional, especialmente en relación con las medidas urgentes a tomar para localizar y recobrar el material nuclear robado u objeto de contrabando, mitigar cualquier consecuencia radiológica de un sabotaje y tratar de impedir y combatir cualquier posible delito relacionado con estos materiales.
Mediante este Real Decreto, España adapta a la normativa española de protección de materiales nucleares -fijada mediante un Real Decreto de 1995-, los compromisos adoptados en la última Enmienda introducida en la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares en julio de 2005. Los Estados integrantes de la Convención se comprometieron a reforzar de forma sustancial los controles sobre estos materiales.
La Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, hecha en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, entró en vigor el 8 de febrero de 1987 y fue firmada por España en Viena el 7 de abril de 1986 y ratificada, como Estado miembro del EURATOM, el 6 de septiembre de 1991.
El concepto de seguridad en las instalaciones en las que son utilizados, o en su transporte, no se limita a la que se conoce como seguridad tecnológica u operacional, también se tienen en cuenta también otros aspectos. Algunos de ellos son los relativos a la protección física de estas instalaciones y materiales para impedir que puedan ser objeto de robos, sabotajes o utilización indebida.
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