La Consejería de Sanidad comenzará a valorar este mes de diciembre a los trabajadores que en algún momento han estado expuestos al amianto o que lo están con pruebas específicas. En esta fecha, la Administración se pondrá en contacto con los más de 1.500 afectados que hay registrados en la Comunidad -126 en León-, con el fin de que acudan a sus centros de atención primaria y, si es preciso, sean derivados a los servicios de neumología, según avanzaron a Ical fuentes de este departamento.
Para ello, desde la Gerencia Regional de Salud ya se han fijado protocolos de actuación específicos, referidos a la elaboración de historias laboral y clínica, consejo sanitario y exploración específica, que incluye una primera inspección; auscultación, estudio radiológico y funcional respiratorio.
Una vez realizadas estas primeras pruebas, el especialista será quien determine si es necesaria alguna adicional, también en función de un protocolo, que incluye la fijación de la fecha del siguiente examen de salud, para llevar un control o su derivación al médico de cabecera o al servicio de prevención.
Esta media forma parte de un conjunto de actuaciones más amplio, reflejadas en un plan de actuaciones, que da cumplimiento a uno de los acuerdos del Diálogo Social y a diversas normativas, como la Ley de prevención de Riesgos Laborales o el Real Decreto, de marzo de 2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a este colectivo, entre otros. Tiene como objetivo prioritario el control de las personas expuestas al producto, vinculado a enfermedades como la fibrosis pulmonar, el mesotelioma y el cáncer de pulmón, entre otras patologías.
Con el fin de profundizar en la estrategia y estudiar nuevas medidas, responsables de la Consejería mantendrán esta semana, el miércoles 28 de noviembre, una reunión en Valladolid con miembros de la Asociación de Afectados por el Amianto, indicaron a Ical las citadas fuentes.
El amianto se utilizó de forma significativa en el sector industrial entre 1960 y 1985, lo que también justifica la medida. En el territorio autonómico, se observa que en algunas provincias su uso fue mayor que en otras, lo que también afectará a la prestación. Así, por ejemplo, si en Valladolid hay 1.009 trabajadores afectados, entre los 610 que se encuentran en activo y los 399 que ya no están expuestos, en Segovia la cifra se eleva a 12 (11 en activo).
Tras Valladolid, la provincia más afectada con diferencia, por casos acumulados se encuentran Burgos, con 161 (71 en activo) y León, con 126 (53 en activo). El siguiente puesto lo ocupa Salamanca, con 76 casos (64 en activo), seguida por Palencia, con 63 afectados (44 en activo). Ávila cuenta con 38 trabajadores (30 en activo); Zamora, con 32 (22 en activo) y Soria, con 15 trabajadores, todos ya considerados pasivos.
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