La responsable de Justicia del PSPV Josefa Andrés aseguró que 15 de los 18 partidos judiciales de Valencia “presentan deficiencias e incumplen la ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluida la Ciudad de la Justicia”, instalación que “aún no se sabe si cuenta con un plan de evacuación y emergencia, ya que la conselleria siempre ha contestado con evasivas”. El secretario de Justicia, Fernando de Rosa, aseguró que “muchos de los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo para llevar a cabo en distintas dependencias judiciales han sido ya resueltos y el resto están atendidos y se solucionan progresivamente”.
Andrés afirmó que las empresas “están obligadas a cumplir la ley y si no lo hacen son amonestadas con graves sanciones” y, en este sentido, apuntó que la Administración “debería ser la primera en dar ejemplo y cumplir con la normativa en la prevención de riesgos laborales”.
La parlamentaria manifestó que cualquier ciudadano “que se presente en los juzgados de Llíria o Xàtiva podrá comprobar las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones”, a lo que añadió que la “falta de seguridad y los expedientes hacinados son sólo algunos ejemplos de las graves deficiencias que sufren nuestros juzgados”.
Andrés criticó también “el pago de alquileres de dependencias judiciales en pésimas condiciones, como en el Archivo Judicial de Montcada” y apuntó que existen “en proyecto una serie de juzgados como los de Paterna y Torrent en los que la conselleria ni siquiera ha abierto expediente para la recepción del solar”.
Josefa Andrés manifiestó que la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas “pide más juzgados cuando es incapaz de poner los medios necesarios para su puesta en marcha” y, al respecto, denunció que los juicios de malos tratos “se van a celebrar en un locutorio por falta de espacio, lo que supone una grave falta de respeto y un atentado contra la intimidad de las víctimas de estos delitos”.
Además, la parlamentaria socialista especificó que las infraestructuras judiciales “son competencia exclusiva de la conselleria de Justicia desde 1995, por lo que la Administración autonómica es la única responsable de la lamentable situación en que se encuentran las instalaciones judiciales de nuestra Comunidad”.
El secretario autonómico de Justicia e Interior, Fernando de Rosa, aseguró que “muchos de los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo para llevar a cabo en distintas dependencias judiciales han sido ya resueltos y el resto están atendidos y se solucionan progresivamente”.
De Rosa destacó que la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas “está realizando desde el primer momento aquellas actuaciones que recomienda la Inspección de Trabajo, en plena colaboración con este departamento y con las propias centrales sindicales como no podría ser de otra forma” porque “la salud de los trabajadores y sus condiciones en el lugar de trabajo son aspectos absolutamente prioritarios para el Gobierno Valenciano y en ningún momento se han abordado como una cuestión secundaria”.
Así, insistió en que la voluntad de la Generalitat es que los funcionarios “estén en las mejores condiciones y por eso ante estos requerimientos siempre damos una solución”. “Lo que hay que entender -añadió- es que cuando la solución requiere realizar alguna obra en las infraestructuras se trata de un proceso que lleva su tiempo, pero desde la conselleria se afronta en todos los casos con la mayor celeridad posible”.
Como ejemplo, De Rosa se refirió a las actuaciones en la Ciudad de la Justicia de Valencia y citó la reforma del juzgado de guardia a petición de los propios trabajadores, “mejora que se está realizando en estos momentos habiéndose consensuado su nuevo diseño previamente con los representantes sindicales para ofrecer las condiciones más óptimas a los profesionales”.
También se refirió a los puntos de información del Registro Único de Entrada para lo que, según dijo, “ya existe un proyecto realizado por el Servicio de Infraestructuras Judiciales de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y se acometerá en septiembre para finalizar en noviembre”. Además, señaló que “la Ciudad de la Justicia de Valencia cuenta con su correspondiente Plan de Autoprotección del que ya se ha dado cuenta a los delegados de prevención y se han impartido los correspondientes cursos de formación”.
Por lo que respecta a las inspecciones de riesgo laboral, aclaró que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat, dependiente también de la conselleria de Justicia y AAPP, “está realizando la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo priorizando los centros de mayor riesgo para la salud”.
Así, apuntó que durante este año 2005, el servicio finalizará la evaluación de los Institutos de Medicina Legal de las tres provincias, por los riesgos que tienen debido a los agentes químicos y biológicos; y comenzará las inspecciones correspondientes en todos los partidos judiciales de la provincia de Valencia.
Del mismo modo, resaltó la renovación de 1.200 ordenadores llevada a cabo por la conselleria de Justicia durante 2004, y anunció que “tras habérselo comunicado ya a la Inspección de Trabajo por escrito, esta misma semana comenzará la segunda fase de renovación del parque informático cambiando otros 1.200 PC´s más, empezando por los de la Audiencia Provincial de Valencia; por lo que la queja del tamaño del monitor quedará resuelta al ser de 17 pulgadas”.
Por último, indicó que “para el Gobierno Valenciano todas las mejoras en la administración de justicia son y han sido siempre una de las actuaciones primordiales, basadas en el empeño de ofrecer un servicio público de calidad a todos los ciudadanos”. “Prueba de ello son los 17 nuevos edificios judiciales creados desde 1995 hasta el momento y las 19 obras incluidas en la tercera fase del Plan Director de Infraestructuras Judiciales, cuyo presupuesto se aproxima a los 152 millones de euros”, apostilló
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