El portavoz de Política Social y Empleo del PSOE, Ramón Jáuregui, denunció hoy, en declaraciones a Europa Press, la situación de 28 inspectores de Trabajo ingresados en 2001, en ejecución de la oferta de empleo público de 2000, funcionarios de carrera que todavía carecen de destino y actividad profesional.
Además, explicó que ha presentado, a través del Congreso de los Diputados, sendas baterías de preguntas escritas a los ministros de Trabajo, Eduardo Zaplana, y de Administraciones Públicas, Javier Arenas, para que se pronuncien al respecto.
A su juicio, no es comprensible que la incorporación efectiva de estos inspectores esté paralizada existiendo “la precariedad de medios tan evidente” que existe en materia de inspección laboral.
En sus escritos, a los que tuvo acceso Europa Press, Jáuregui quiere, entre otras cosas, que el Ministerio de Trabajo explique si conoce esta situación y si es cierto que la adjudicación y provisión de los puestos de estos inspectores ha sido paralizada por orden expresa del ministro Eduardo Zaplana, “según fue revelado, al parecer, por el director general el 11 de noviembre de 2002, en una entrevista con estos inspectores”.
El socialista recuerda que, mientras ya ha pasado la fecha para asignar puesto a la promoción de las oposiciones de 2001, la de 2000 sigue sin decidirse, por lo que inquiere si existe alguna razón jurídica o técnica que justifique la situación.
“Cree el Ministerio de Trabajo que la siniestralidad laboral española y el alto nivel de fraude en la contratación no requieren la aportación de un mayor número de funcionarios especializados en la lucha contra los accidentes de trabajo y que la incorporación de estos funcionarios de carrera a la funciones propias de su profesión no es urgente ni necesaria, pese a estar disponibles y formados?”, añade.
Jáuregui también quiere saber si la Intervención General del Estado es consciente de esta situación, si ha intervenido el gasto de las retribuciones de estos funcionarios y, si lo ha hecho, en concepto de qué. “?La Intervención delegada en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha efectuado algún control de eficacia de los créditos presupuestarios aplicados a la función de estos empleados públicos?”, apunta.
“?Cree el Ministerio que, sea cual sea el coste, el gasto de demora, carente de finalidad alguna, constituye un perjuicio económico para los derechos de la Administración General del Estado, derivado de una actitud negligente cuyo resarcimiento a favor del Tesoro Público debe incluirse en los supuestos establecidos en los artículos 145 y 146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?”, agrega.
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