La ley antitabaco fue cumplida ayer en los centros de trabajo en lo que supone su primer gran test. Desde el Ministerio de Sanidad se calificó la percepción de su entrada en vigor como «enormemente positiva». Su secretario general, José Martínez Olmos, en declaraciones a RNE, insistió en que no se dejará opción a planteamientos como la «flexibilidad o retraso» en su aplicación. Ninguna administración autonómica, ni organizaciones sindicales o de consumidores informaron de la existencia de conflictos.
Desde las organizaciones empresariales no se produjeron valoraciones pese a que la aplicación de la ley les supondrá un quebranto económico. Así lo atestigua un informe de la Confederación Empresarial Vasca, que apoyándose en estudios del Banco Mundial, concluye que «tres pausas diarias de diez minutos para fumar suponen la pérdida de 14 jornadas de trabajo al año», regulación que están aplicando de forma transitoria muchas empresas españolas. Un estudio jurídico del despacho A&S Sampere Asociados prevé que estas pausas «aunque breves serán objeto de limitación o incluso prohibición por las empresas que pretendan mejorar su productividad».
Por ello, la revisión de los convenios colectivos tendrá que contemplar la regulación de estas pausas así como la catalogación de los incumplimientos de la ley como una falta en el régimen laboral. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advirtió hace dos meses que la ley planteaba «inseguridad jurídica a los empresarios porque deja en sus manos la responsabilidad ante los infractores y porque los fumadores pasivos pueden denunciar la actitud permisiva de la empresa».
Desde los organizaciones sindicales no se informó de conflictos por la aplicación de la ley en el ámbito laboral. UGT volvió a proponer regulaciones internas en las empresas que permitan conciliar los derechos y obligaciones de fumadores y no fumadores, mientras que CC.OO. reclamó que el desarrollo reglamentario de la norma sea negociado y pacto con los interlocutores sociales. La opinión de los sindicatos fue refrendada desde la Generalitat de Cataluña. Su consejera de Salud, Marina Geli, defendió la necesidad de que se produzca «una mediación y un diálogo entre empresarios y trabajadores sobre el tiempo para fumar y donde fumar».
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