El pasado curso se contabilizaron 168.857 jornadas perdidas, con un promedio de 15 días por cada docente SUATEA vincula las dolencias con las malas condiciones de trabajo y exige que se cumpla la Ley de Riesgos Laborales.
Enfermar no entra en el sueldo. Se trata del lema de la campaña que acaba de entablar el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA), en la que alerta de la precarización de la condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública y exige el cumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales por parte de la Consejería de Educación y Ciencia.
Según los datos que obran en poder de SUATEA, el curso pasado se contabilizaron en Asturias 168.857 jornadas de baja laboral, el 51% por problemas traumatológicos-reumatológicos y de índole psiquiátrica. Estos datos arrojan un promedio de quince días por cada docente, ya que la consejería tiene en nómina a unas 11.200 personas que desempeñan su labor en centros de Primaria y Secundaria.
Pero esto no quiere decir que todos los maestros y profesores se queden de baja, ni mucho menos: para confeccionar estas cifras, la Inspección Médica del Principado cuenta el número de días desde el inicio de la licencia por enfermedad y algunos acumulan bajas desde hace mucho tiempo. Es decir, cuando se realizó el estudio había personas que llevaban sin acudir al centro desde cursos anteriores: en Primaria, 81 bajas se habían iniciado antes de 1 de setiembre de 2003 y las seis personas con licencias más largas sumaban más de 7.000 días de enfermedad. En Secundaria, la situación era similar: había 62 licencias de antes del 1 de setiembre y siete personas con 6.000 jornadas laborales perdidas a sus espaldas.
El factor de la edad es, también, muy importante, ya que la media es de 48 años. De hecho, la gran mayoría de las licencias por enfermedad corresponden a profesionales de entre cuarenta y sesenta años.
¿Por qué enferman tanto los profesores de la región? Demetrio Pérez, responsable del área de Salud Laboral de SUATEA, puntualizó que la prevalencia de bajas «es menor que en otras comunidades autónomas» y relacionó estas patologías con las condiciones de trabajo en los colegios e institutos asturianos.
A la hora de explicar las bajas, Pérez ofreció un cúmulo de razones. Por ejemplo, las reumatológicas estarían relacionadas «con el alto número de itinerancias, que provoca que los docentes pasen muchas horas conduciendo sus vehículos, de pueblo en pueblo». Del mismo modo, «la falta de inversiones» del departamento de José Luis Iglesias Riopedre en mobiliario y en la mejora de las condiciones de los centros -principalmente en materia de «iluminación» y de control «de las hume- dades»-, estaría vinculada «con las enfermedades reumatológicas (el 27% del total) y de otorrino (6,51%), así como con los procesos infecciosos y de Neumología», que provocan el 6,22% de los días de baja.
Pero hay otro mal que asola a la escuela asturiana: el síndrome del quemado. El estrés, la ansiedad, las depresiones y, en general, las patologías psiquiátricas, provocaron en el curso 2003-2004 nada más y nada menos que 40.778 jornadas de trabajo perdidas, azotando especialmente a los centros de Primaria. En este sentido, Demetrio Pérez argumentó que los maestros y los profesores de Secundaria están sometidos a «una presión muy grande y sufren la falta de reconocimiento». En definitiva, que «es un trabajo con muchas demandas emocionales».
Y no sólo eso, sino que la situación «va a peor». ¿La razón? La «precarización» del trabajo de los itinerantes y los interinos y algunas medidas que tienden a mermar la participación del profesorado en el sistema educativo y a la «desregulación laboral». Entre esas medidas, citó el decreto de selección de directores -en cuyo proceso la Administración roba protagonismo a los consejos escolares- y el Plan de Productividad de la Consejería de Economía y Administración Pública, por el que se crean unos incentivos en función del trabajo realizado.
A juicio del representante de SUATEA, aplicar el principio de productividad al sector de la enseñanza es «muy subjetivo» y, a la larga, «implicará el control de una serie de personas sobre otras». Pérez exigió a Riopedre que cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pese a que esta normativa está vigente desde 1996, «no hay una evaluación de riesgos, ni un comité de salud laboral, ni un servicio de prevención», apostilló.
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