La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales 4 años de prisión para el constructor de una obra en Marbella que empleaba a inmigrantes sin papeles sometidos a «condiciones y salarios vejatorios» que trabajaban en una estructura con peligro de derrumbamiento. Funcionarios de la Inspección de Trabajo fueron los que pusieron el hecho en conocimiento de la Fiscalía.
El Ministerio Público acusa en sus conclusiones provisionales al constructor de la obra, una vivienda unifamiliar en la urbanización Nueva Andalucía, de sendos delitos contra los derechos de los trabajadores y por no observar las normas mínimas de seguridad en la construcción que realizaba y pide dos años de cárcel por cada uno de ellos.
El constructor, un súbdito danés, que responde a las iniciales Jannick P. , de 51 años de edad, presentó ante el Ayuntamiento de Marbella una solicitud de licencia de obras para una vivienda unifamiliar en la urbanización Nueva Andalucía que el fue concedida el 7 de mayo de 1999. Seis meses después, en 1 de diciembre de 2000, funcionarios del Grupo Operativo Control de Extranjeros e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social efectuaron una visita a la obra. En la misma los funcionarios comprobaron «graves deficiencias en la estructura que padecía la misma, incluso, con peligro de derrumbamiento». La construcción tenía las paredes torcidas, el material utilizado era inadecuado y no contaba con las mínimas medidas de seguridad para los trabajadores.
Los inspectores de trabajo pudieron comprobar, además, que los personas contratadas como obreros en dicha obra eran inmigrantes irregulares sin permiso de trabajo, que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, y que eran «sometidos a salarios vejatorios y condiciones de trabajo inhumanas», según relata el fiscal en su escrito de acusación.
La Fiscalía pide para el acusado dos años de prisión y una multa de 12 meses a razón de una cuota diaria de 3.000 pesetas por un delito contra los derechos de los trabajadores y otros dos años y multa de 10 meses a razón de 3.000 pesetas diarias por no observar las normas de seguridad en la obra.
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