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Piden 3 años de cárcel para los 8 acusados del accidente del metro de Valencia

Piden 3 años de cárcel para los 8 acusados del accidente del metro de Valencia

La Fiscalía ha pedido tres años y siete meses de prisión para la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y para los otros siete procesados en la causa del accidente del metro de Valencia ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales presentado por la Fiscalía Provincial de Valencia ante el Juzgado de Instrucción número 21, que ha concluido la instrucción de la causa y ha procesado a ocho exdirectivos de FGV, todos ellos miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de esa empresa pública.

El Ministerio Fiscal considera a los ocho acusados autores materiales por omisión o por cooperación necesaria de 43 delitos de homicidio, por imprudencia grave profesional; de 37 delitos de lesiones, por imprudencia grave profesional; y de un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo.

Por ello solicita la pena de tres años y siete meses de prisión para cada uno de los ocho procesados, acompañados de la inhabilitación especial durante cinco años y medio para el ejercicio de cargo directivo en empresa pública o privada en el caso de la exgerente, y para el ejercicio de profesión relacionada con el transporte de viajeros en los otros siete.

Asimismo, pide que se declare la responsabilidad civil directa de la compañía Zurich España SA, y subsidiaria de FGV, y la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal.

El escrito de la Fiscalía relata una serie de "graves deficiencias" en la línea de metro accidentada, la línea 1, y asegura que "eran conocidas" por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la seguridad, que debieron ser "controladas" y, en su caso, sancionadas.

Los acusados, desde sus puestos de responsabilidad y su poder de decisión directo para decidir medidas de seguridad, "conocían o debían conocer" las deficiencias, que ponían de manifiesto "defectos muy graves de seguridad" en la línea 1, señala el escrito.

La Fiscalía destaca que esas deficiencias consistieron no solo en la falta de medidas tecnológicas de control de la velocidad en la línea, sino también en deficiencias del material móvil rodante y en la formación y selección de maquinistas, y en la inexistencia de un plan de prevención de riesgos laborales que neutralizara los riesgos de velocidad, descarrilamiento y vuelco de trenes.

"Todos ellos eran conscientes de que tales deficiencias detectadas en una actividad de transporte de personas conllevaba un riesgo muy grande para la seguridad de los trabajadores y para las personas, como así ocurrió" el 3 de julio de 2006 en la estación de Jesús, señala la Fiscalía.

Según la calificación, el tramo del accidente necesitaba, por su trazado y frecuencia de paso de trenes, una señal de limitación de velocidad y estar protegido del exceso de velocidad con una baliza previa, como habían reclamado los maquinistas y como de hecho se colocó tras el accidente.

Sobre el material móvil, destaca que en la unidad accidentada se cambiaron las ruedas, ejes y ventanas "sin dar cuenta al fabricante" ni que lo homologara "autoridad alguna" y, por ejemplo, los cambios en las ventanas impidieron que actuaran como medida de protección y provocaron un resultado "mucho más grave".

Añade que los acusados conocían también las "deficiencias" en la formación de maquinistas, pues, por ejemplo, el de la unidad accidentada -que murió en el accidente- tenía "dos meses de experiencia en la conducción" y en ese tiempo "superó de forma habitual la velocidad en la vía".

También indica que no se había evaluado el riesgo de vuelco y que FGV no hizo ninguna investigación del siniestro, pese a estar obligada, y concluye que las deficiencias en seguridad y en prevención de riesgos laborales son "evidentes", mientras que la infraestructura "tampoco superaba los requisitos" de la normativa comunitaria ni estatal.




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