La comunidad gallega dio ayer el primer paso para reconocer el acoso moral y el hostigamiento psicológico en el trabajo y articular las medidas legales necesarias para combatirlo y eliminar sus consecuencias negativas sobre el trabajador. La Comisión Institucional del Parlamento gallego aprobó ayer, en este sentido, una proposición no de ley presentada por el Partido Popular y respaldada por los dos partidos de la oposición, BNG y PSOE.
El acoso moral en el trabajo, también conocido como mobbing, esta considerado como un “grave problema” por la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo y países como Suecia o Francia ya lo han penalizado.
En la exposición de motivos, el diputado del PP Fernando Rodríguez Corcoba, tomando como referencia a María France Irigoyen, lo define así: “Toda conducta abusiva (gesto, comportamiento, actividad…) que atente, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona, poniendo en peligro el empleo de ésta o degradando el clima de trabajo”.
Los efectos de esta presión laboral sobre la salud son “devastadores”, según el texto presentado por el PP. “La víctima padece estrés, nerviosismo, jaquecas o depresión y desarrolla enfermedades psicosomáticas (úlceras de estómago, colitis, insomnio, hipertensión arterial, enfermedades cutáneas…) En la mayoría de los casos, la personas que fueron víctimas de un acoso moral se acogen a un permiso de enfermedad de larga duración o incluso dimiten (…) La forma más general de manifestarse es mediante humillaciones y denigraciones”, se recoge en la propuesta del PP.
La iniciativa aprobada ayer en el Parlamento gallego insta a la Xunta a que dentro de sus competencias promueva las actuaciones necesarias para evitar el acoso moral y la denigración psicológica en el trabajo; difunda el conocimiento entre los empresarios y empleados de los riesgos para la salud; articular los medios necesarios para que la inspección de trabajo reconozca esta práctica cuando se formule una denuncia; reconocerla como enfermedad profesional; y reclamar al Gobierno central que cambie la legislación laboral de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento Europeo.
Rodríguez Corcoba recordó que el acoso moral lo padecen el 8% de los empleados europeos, frente al 4% que asegura sufrir violencia física y el 2%, acoso sexual. Añadió que este fenómeno supone un gasto anual en España de 30 millones de euros.
Tanto los portavoces del PSOE como del BNG respaldaron la iniciativa del PP por su “carga social” y explicaron su voto a favor para desterrar cualquier muestra de “embrutecimiento moral”, no sin ironizar sobre el “pensamiento único” que intentan imponer algunos poderes públicos.
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