El Juzgado de Instrucción número 2 de Palencia ha dictado una resolución por la que archiva las diligencias abiertas el pasado 26 de mayo por el accidente laboral que costó la vida al trabajador José Miguel Abelló, de 22 años, empleado de un almacén que distribuye a supermercados Lupa.
El empleado quedó empotrado contra unas estanterías de hierro por una carretilla que manipulaba durante su jornada laboral. El joven fue urgentemente trasladado al Hospital Río Carrión de Palencia, donde falleció a las pocas horas como consecuencia de las gravísimas heridas que presentaba. En el mismo accidente de trabajo otro empleado que se encontraba próximo al lugar de los hechos sufrió heridas de distinta consideración.
Posibilidad de recurso
En su resolución, el Juzgado considera que las actuaciones practicadas «acreditan que el hecho denunciado no reviste caracteres de infracción criminal», por lo que «procede acordar el archivo de las diligencias con la reserva de acciones civiles al perjudicado», según consta en el auto judicial, que no es firme, ya que puede interponerse un recurso de apelación ante el mismo órgano judicial. Fuentes sindicales de CCOO, que ha ejercido la acusación particular en este caso, al igual que lo hace en todos los accidentes laborales de carácter mortal, descartaron ayer la posibilidad de interponer un recurso.
Al mismo tiempo, la Delegación Territorial de la Junta suspende el procedimiento sancionador de la Inspección de Trabajo «mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento».
El informe elaborado por la Inspección de Trabajo sobre las investigaciones realizadas como consecuencia del accidente en el que falleció el trabajador señala que las causas pudieron deberse a un «fallo del sistema de presencia del asiento de la carretilla elevadora y por una actuación insegura por parte del trabajador», según consta en el citado informe.
La Inspección de Trabajo califica la citada infracción como grave, aunque la sanción se plantea en su grado mínimo, por lo que propone una sanción a la empresa de 6.000 euros (un millón de pesetas).
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