Un total de 533.722 empresas y 3.752.592 trabajadores se beneficiaron de los cuatro programas incluidos en los Planes Generales de Actividades Preventivas, que gestionaron las Mutuas de Accidentes de Trabajo en el periodo 2001-2003, con un coste total de ejecución de 210,6 millones de euros, según anunció hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps.
Camps presidió esta tarde en el Ministerio de Trabajo la constitución del Consejo Tripartito de prevención de riesgos laborales, que estará formado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, así como por cuatro representantes de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que tendrán voz pero no voto.
Dicho Consejo, cuya creación se pactó en el acuerdo contra la siniestralidad laboral que firmaron el Ejecutivo y los agentes sociales a finales de 2002, será el encargado de formular propuestas a las Mutuas para determinar las acciones del nuevo Plan General de Prevención 2003-2004.
Camps explicó que la continuidad de esta iniciativa responde a los buenos resultados obtenidos en el desarrollo de los anteriores planes, en los que se incluían programas de visitas a empresas, de capacitación de empresarios y de atención especial a las empresas con mayor índice de siniestralidad laboral.
El nuevo plan incorporará como novedad un programa de formación, al que se destinarán los recursos que anteriormente se dedicaban a los reconocimientos médicos generalizados que realizaban las Mutuas, y que ascendían a unos 80 millones de euros anuales. El diseño de este programa de formación se ultimará en los próximos meses, mientras que el Plan General de Actividades Preventivas se concretará a lo largo de las próximas semanas.
Según los responsables de Salud Laboral de CC.OO. y UGT, Joaquín Nieto y Dolors Hernández, el Plan de Actividades Preventivas 2003-2004 que se elaborará en el seno del Consejo Tripartito debe dirigirse especialmente a las 30.000-40.000 empresas que registran un mayor volumen de accidentes laborales.
Para Nieto y Hernández, la constitución de este Consejo es “un acontecimiento importante”, porque por primera vez los agentes sociales y el Gobierno podrán sentarse a discutir el Plan General de Actividades Preventivas de las Mutuas. No obstante, recordaron que con su creación sólo se da cumplimiento a una parte del acuerdo contra la siniestralidad laboral, quedando aún muchos aspectos por desarrollar.
En este sentido, pidieron al Ejecutivo “una señal clara” de su disposición a cumplir con lo pactado, ante la falta de “voluntad política” que están detectando en el Gobierno. Los representantes sindicales también acusaron a la patronal de no responder a sus propuestas sobre el desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (relativo a la subcontratación), así como de no rellenar adecuadamente el nuevo parte de accidentes, lo que les impide corroborar las cifras de siniestralidad que maneja el Ministerio.
Camps, por su parte, aseguró que el Ejecutivo se mantiene en lo acordado con los agentes sociales y advirtió de que si los agentes sociales no se ponen de acuerdo en el desarrollo del artículo 24 será el Gobierno el encargado de hacerlo “en el ejercicio de su responsabilidad”. Asimismo, afirmó “no tener constancia” de que los empresarios estén cumplimentando erróneamente el parte de accidentes, subrayando que en ellos “no hay voluntad” de obstaculizar este proceso.
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