A partir del próximo año, la Junta supervisará todas las empresas que quieran instalarse en la comunidad. No valdrán las licencias o permisos municipales. Desde ese momento será la Consejería de Medio Ambiente la que otorgue la nueva autorización ambiental integrada, que aglutina en un solo permiso todos los anteriores: residuos, afección a las aguas, aire o evaluación de impacto.
La medida, que desarrolla la directiva europea de prevención y control integrado (IPPC) de 1999, afectará también a las empresas en funcionamiento. Para estas industrias, el nuevo escenario deja su futuro en el aire, ya que sus licencias actuales no sirven y tienen que volver a sacarlas para adaptarse a las exigencias de la nueva ley general de calidad ambiental. En Málaga, serán 102 empresas las tendrán que someterse a esta reválida ambiental de la Consejería si quieren permanecer abiertas. Las inspecciones están ya en marcha y el plazo concedido a estas industrias expira el 1 de enero de 2007. Entonces, la disyuntiva será clara: o cuentan con la nueva autorización integrada o, se suspenderá la actividad. En lo que va de año, la Junta de Andalucía ya ha visitado 12 de estas instalaciones en la provincia de Granada.
El abanico de empresas que se someterán a la reválida es amplio y no sólo afecta a las grandes industrias instaladas en la provincia. Tendrán que pasar el examen las instalaciones de combustión, las de transformación de metales ferrosos, fundición, industrias mineras, químicas o textil. También las granjas de animales, las cerveceras o las refinerías de aceite.
Con la nueva autorización ambiental integrada se simplifica el trámite administrativo para conseguir el permiso a través de una ventanilla única de la Junta. Pero también se endurece el control: más inspecciones periódicas, revisión de la tecnología, sanciones… El objetivo es contener el impacto ambiental.
Los pasos que se darán se recogerán en el anteproyecto autonómico de ley general de calidad ambiental, que se presentará, previsiblemente, antes de final de año. El resto es cuestión de meses, lo que dure el trámite parlamentario. La ley impone un control integral de la contaminación, de forma que las empresas deben establecer mecanismos de prevención en todos los medios: suelo, aire, agua y residuos y todo esto vinculado a un límite de emisión concreto para cada actividad.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, se refiere a la directiva como un «cambio fundamental». Las empresas que se verán afectadas son todas aquellas industrias de «cierta entidad que generan emisiones a la atmósfera, residuos o vertidos», explica Coves. Únicamente se quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley las instalaciones utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.
Multas
Fuensanta Coves señala además que los procesos productivos sólo serán autorizados si la empresa dispone al 1 de enero de 2007 de las «mejores técnicas posibles para minimizar los residuos». La referencia para que la Consejería de Medio Ambiente determine que estos son los correctos será un documento redactado por la Comisión de la UE para cada sector, denominado Bref.
En resumen, se trata de aplicar las mejores técnicas posibles sin prescribir una tecnología concreta, sino en función de las características de la instalación, su localización y recursos económicos. De esta forma, no se exigirá una infraestructura determinada que las empresas no puedan afrontar. Eso sí, la Consejería tiene intención de aplicar mano dura. Quiere evitar, a toda costa, otro caso Boliden. La ley establece un sistema de sanciones, de muy graves a leves, que van desde una multa de 20.001 euros hasta los 2.000.000 de euros y la clausura definitiva o temporal. Pero para evitar que la historia se repita, esta vez no se van a dejar flecos sueltos. La empresa sancionada tendrá la obligación de reponer las cosas al estado anterior a la infracción. Ya existe el precedente de Boliden Apirsa, que ha regateado su responsabilidad en la sanción económica del Ministerio y a la que la Junta pretende ahora hacer pagar por la vía civil.
Por el momento, la propuesta de la Junta ha sido bien acogida en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
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