La rutinaria jornada laboral de Minerva Ventero, de 32 años, se quebró violentamente el pasado día 23 de junio: su ex marido entró en el restaurante de Móstoles donde trabajaba y la acuchilló ocho veces. Tres meses después, aún no sabe si podrá volver a utilizar las manos para ganarse la vida -recibió seis de las puñaladas-, y reclama que la mutua considere su caso como accidente laboral, lo que ésta rechaza por tratarse de un caso de violencia de género.
«Sea quien sea la persona agresora, yo estaba en mi puesto de trabajo , y es lo que le he reclamado al Fremap dos veces», sostiene Minerva. Tras ser operada de sus heridas -dos en el pecho y tres en cada mano- y pasar cuatro días en la UVI, la agredida acudió el día 30 de junio a retirarse unas grapas a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Fremap). «Mi jefe consiguió que me vieran, aunque decían que no les correspondía», continúa Minerva. El parte médico revelaba sus razones.
«Explicamos a la paciente que una agresión por violencia de género no puede considerarse como accidente laboral aunque en el momento de la agresión se encontrase en su puesto laboral. Remitimos a la Seguridad Social», sostiene el parte, rubricado por un médico de la mutua. La agredida acudió a CC. OO., que le aconsejó que redactara un escrito, y eso hizo.
Fremap, en una carta del día 1 de julio, ya había rehusado considerar su caso como accidente laboral «por no reunir las condiciones legales exigidas», que localizaba en «el Capítulo Tercero del Título II de la Ley General de la Seguridad Social y disposiciones concordantes». Contra esa decisión, la mutua recordaba que Minerva podía «formular demanda» judicial.
Con el asesoramiento del sindicato, la agredida respondió. En él, los abogados de CC.OO sostuvieron que en Minerva concurren «los dos presupuestos» que establece el apartado de la ley que citaba Fremap: sus lesiones se habían producido «durante el tiempo y en el lugar de trabajo», lo que estaba probado por un atestado policial. Además, aseguran que hay precedentes.
Precedentes similares
«En nuestra comarca no ha sucedido, pero se han producido violaciones que se han considerado accidentes laborales, e incluso en los atentados del 11-M se consideraron accidentes laborales por desplazarse al lugar de trabajo», mantiene Eduardo Ortega, secretario de organización de la Unión Comarcal Oeste de CC.OO.
Ortega no entiende la postura de la aseguradora, pero cree que, «al final se ganará». El sindicalista, además, considera que la mutua no habría actuado igual si la agresión hubiera partido, por ejemplo, de un atracador.
El tercer escrito de Fremap, fechado el 13 de agosto, no lo deja claro. Su director en Móstoles se reafirma en la decisión de su empresa por «la inexistencia de vinculación laboral en la agresión». Para Ortega, este argumento provocaría «que todas las empresas con trabajadores cara al público incluyeran medios para evitar atracos».
Por el momento, el tratamiento médico que recibe Minerva corre a cargo de la Seguridad Social, de la que también percibe los 600 euros de su baja. «Con mi empresa, son los únicos que se están portando», comenta. La agredida teme no poder mantener a sus dos hijos cuando acabe la baja. «Minerva cree que la mutua aseguradora quiere que «desista» de su reivindicación, y reitera que llegará «hasta el final».
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
