La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia del pasado 10 de noviembre, ha condenado al empresario Alfredo Recio a dos años de prisión y a una multa de 10 meses, a razón de tres euros diarios, por un delito de imprudencia grave contra los derechos de los trabajadores.
La falta de medidas preventivas dejó incapacitado a Javier Torres (de 25 años de edad), uno de los empleados de Recio, tras sufrir un grave accidente, según una información difundida por CC.OO.
Con independencia de la prisión y de la multa, el fallo también contempla una indemnización para el trabajador por las lesiones y secuelas sufridas. Así Recio tendrá que pagar 207.346 euros a Torres.
El sindicato explica que la sentencia obedece a un recurso planteado por su Unión de Madrid y por el Ministerio Fiscal a una primer veredicto. El alcance de esta condena era mucho menor. Tan solo penalizaba al empresario con 10 meses de prisión y una multa de 73.994 euros.
El siniestro ocurrió el 4 de julio del 2003, cuando en una nave de Leganés el trabajador trasladaba piezas por una cubierta de uralita, que cedió y provocó la caída de Torres desde una altura de ocho metros.
A consecuencia del accidente, al empleado se le diagnosticó una incapacidad permanente absoluta, con «deterioro global de diferentes funciones superiores» que le impide desarrollar la actividad que desempeñaba.
El dictamen judicial recoge que el día en el que se produjo la caída «no se hallaba instalada ninguna línea de vida que hubiera permitido que cada trabajador pudiera engancharse a la misma a través de una cuerda unida a un arnés».
«Tampoco se había colocado en la cubierta ningún tablón, pasarela o mecanismo dirigido a reforzar la seguridad de las partes de la cubierta que debían ser pisadas por los trabajadores», añade el fallo.
CC. OO. aclara que las circunstancias descritas constatan que Torres desarrollaba su actividad sin arneses y sin casco protector, condiciones en las que también operaba el resto de los trabajadores. Además, el piso de la cubierta era antiguo, viejo y se encontraba deteriorado, y el empresario «no tenía un plan de prevención de riesgos laborales y no se llevó a cabo ninguna evaluación del riesgo de la obra en cuestión», según concluye el sindicato.
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