El Gobierno regional constituirá, con técnicos del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, sindicatos, empresarios y expertos, una «comisión de trabajo para analizar, estudiar y dimensionar el acoso moral en el trabajo», según la proposición no de ley aprobada ayer en la Asamblea, informa Efe.
Este mandato del Parlamento al Gobierno fue aprobado con los votos a favor del PP, y la abstención del PSOE e IU, que defendieron que estudiar el problema no va a contribuir a erradicarlo.
El PSOE intentó sin éxito enmendar la proposición no de ley del PP, a fin de pedir al Gobierno que realice una «vigilancia específica» en el propio ámbito de la Administración Pública Autonómica para detectar casos de acoso moral y que establezca un sistema que obligue a la corrección del problema, tanto en la Administración Autonómica como en las Administraciones locales.
La portavoz de Trabajo del grupo socialista, Teresa Nevado, acusó al Partido Popular de «no querer abordar el meollo del problema» y reprochó a los populares que «lo único que pretendan es lavarse la cara y hacer creer que están haciendo algo, cuando ellos mismos saben que una Comisión para estudiar el problema no va a contribuir a que este problema remita».
Una «Birria»
Julio Setién, portavoz de Trabajo de IU, calificó de «birria» la iniciativa del PP y recriminó a los populares su «actitud frívola» y su «vacuidad política» respecto a un problema «ante el cual no se puede ser neutral».
El portavoz de IU opinó que el acoso moral «debería de ser calificado como delito y como causa de enfermedad profesional» y recordó que, según los expertos, el diez por ciento de los trabajadores padece esta práctica.
El diputado del PP, Benjamín Martín, se refirió al acoso moral como una «práctica repudiable, que atenta contra la dignidad del individuo, mediante su desgaste moral y psicológico», y defendió que la creación de una comisión de estudio es lo más «eficaz, coherente y adecuado».
Tras estudiar el fenómeno del acoso moral o «mobbing», la comisión que se constituya a tal efecto, deberá promocionar y difundir sus conclusiones y recomendaciones entre los empresarios y trabajadores, tanto públicos como privados, y organizar unas jornadas de debate.
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