El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el decreto que desarrolla y contradice la ley estatal del tabaco, ya que permitirá fumar en los bares de empresa y en las celebraciones sociales e institucionales de los centros de trabajo, en reservados de los restaurantes, y en las bodas y fiestas si así lo deciden los novios o anfitriones.
La norma también admite que la separación de las zonas de fumadores en locales de más de 100 metros cuadrados se realice, en lugar de mediante compartimentos estancos con tabiques, por mecanismos (como biombos o cortinas de aire) para que olores y humos no contaminen al resto del local. Además, otorga a los hosteleros otro plazo de seis meses para adaptarse.
El decreto del Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre incluye expresamente las terrazas como lugares de los centros de trabajo donde se podrá fumar. Para ello, define como espacios de trabajo al aire libre de los centros de trabajo “todos aquellos que estén cercados y tengan cubierta móvil o practicable al aire libre, siempre que la misma permanezca abierta”.
La regulación, que entrará en vigor dentro de una semana, solo ha tenido en cuenta una mínima parte de las recomendaciones que le formuló el Consejo de Estado, como la ilegalidad de imponer las sanciones en su grado mínimo como norma general. No obstante, establece que cuando la infracción la cometa un menor “podrá ser sustituida por medidas reeducadoras”.
El Ministerio de Sanidad anunció que hoy remitirá un requerimiento al Gobierno madrileño y, si no modifica el decreto, dentro de un mes presentará un recurso contencioso administrativo similar al ya formulado contra los de Castilla y León y Valencia y La Rioja.
El desafío de la Comunidad de Madrid a la ley estatal se reafirmó ayer tras la celebración del consejo de Gobierno que le dio luz verde. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, anunció que planteará un recurso ante el Constitucional si el Gobierno central recurre contra su decreto. “Estaríamos hablando de una ley inconstitucional si se nos priva de la posibilidad de desarrollarla complementariamente en lo que es interpretable y no es básico”, afirmó.
Lamela también defendió que el Consejo de Estado entró a interpretar una ley que no le corresponde, y citó expresamente las advertencias sobre la graduación de sanciones, el modo de medir los 100 metros cuadrados de los locales (incluyendo cocina y aseos) y la prohibición de vender cigarrillos de chocolate.
El decreto de Aguirre trata de apuntarse un tanto frente a la ley estatal al anunciar que la Comunidad de Madrid cofinanciará, junto a los empresarios y los particulares, tratamientos para dejar de fumar. El texto no fija cantidad alguna, pero los presupuestos para el 2007 incluyen una partida específica de 100.000 euros.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
