El propietario de la constructora Mipelsa, Miguel P.L., será juzgado hoy por un presunto delito de homicidio imprudente por la muerte de un trabajador como consecuencia de la rotura de una balsa de alpechín construida por su empresa en la comunidad de regantes de Llano Mateo, cerca de Martos (Jaén).
El juicio se suspendió hace unos meses por la incomparecencia de un testigo considerado crucial para el Ministerio Fiscal, decidiéndose como nueva fecha para su celebración mañana 30 de septiembre en el juzgado de lo penal número 2 de Jaén.
El acusado, se enfrenta a una pena de prisión de un año y seis meses solicitada por el Ministerio Fiscal, que lo considera responsable criminal de los hechos.
Por su parte, la acusación particular pide cinco años de prisión y una indemnización a la familia de la víctima de 300.000 euros al calificar el suceso de homicidio imprudente grave y añadir un delito contra el derecho de los trabajadores por la falta de medidas de seguridad.
En este sentido, esgrime que las obras no tenían licencia y que no se usaron materiales adecuados. Además, aporta un informe elaborado por catedráticos de Geología e Investigación Minera de la Universidad de Córdoba en el que se asegura que la balsa estaba “mal diseñada” y en condiciones “precarias” ante el empuje activo de las tierras.
El abogado de la defensa solicita la libre absolución del acusado al entender que no tiene responsabilidad en los hechos y que el suceso “no fue consecuencia de la negligencia imputada” al constructor. Así, argumenta que el derrumbe se produjo “por la acción de una tercera persona con una pala”.
Los hechos
El suceso tuvo lugar el 4 de enero de 2000, cuando el responsable de mantenimiento de la comunidad de regantes de Llano Mateo (Martos), José Anguita Bermúdez, de 44 años de edad, limpiaba impurezas en la balsa de alpechín que había sido construida por Mipelsa, empresa que era además propiedad del presidente de la citada comunidad, Miguel P.L.. La balsa, que se había inaugurado unas semanas antes, se derrumbó y el trabajador pereció ahogado.
La familia de Anguita denunció entonces que las obras de la balsa de alpechín se realizaron sobre un terreno arcilloso, sin licencia y sin medidas de seguridad para los empleados.
Este proceso va a tener lugar tres años después de haber ocurrido el suceso, un retraso que provocó que la viuda del trabajador, Francisca Reyes, tuviera que protagonizar actos de protesta y movilizaciones para exigir más celeridad en los procedimientos. Así, hace unos meses se apostó ante el edificio de la Audiencia Provincial de Jaén con una pancarta en la que reclamaba justicia.
Si el acusado fuera finalmente condenado por el tribunal y se reconociera que la muerte del trabajador fue un homicidio imprudente, la familia del fallecido podría cobrar un recargo del 50 por ciento en la pensión que recibe actualmente y que ha estado percibiendo en estos años.
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