El responsable de una empresa de transportes, la jefa de administración y una empleada se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por el supuesto amaño de pruebas en el accidente laboral de un camionero.
Una causa que fue sobreseída sin que el juez tomase en cuenta los documentos presuntamente falsificados, por los que ahora se enfrentan a penas de entre siete y nueve meses de prisión. Atribuye delitos de falsedad documental y tentativa de estafa procesal al propietario y de falsedad en documento privado a las administrativas.
El transportista sufrió un accidente laboral e inició una causa penal contra la empresa, que fue sobreseída. En la tramitación, la compañía aportó una comunicación sobre riesgos laborales, y dos documentos internos según los cuales el trabajador se había negado a firmar la recogida de material de protección y de directrices sobre seguridad.
La firma que aparecía en la comunicación, según los peritos, no era del trabajador.
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