La Consejería de Empleo, junto a la Dirección General de Tráfico y los agentes económicos y sociales de Castilla y León, llevarán a cabo durante el primer semestre de este año una campaña específica para prevenir accidentes de tráfico vinculados a la actividad laboral.
Lo ha anunciado este lunes el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, antes de participar en el Pleno del Consejo de Seguridad y Salud Laboral para coordinar las acciones en esta materia durante el año, con el fin de reducir al máximo el número de muertes por accidentes de tráfico que se producen durante el trabajo o también en el desplazamiento previo o posterior -accidentes in itinere-.
En este sentido, Fernández Carriedo ha advertido de que estas muertes se vieron incrementadas durante el pasado ejercicio -de 34 fallecidos en 2017 se pasó a 43 en 2018-, debido a accidentes de tráfico vinculados al trabajo, de ahí que se haya planteado una campaña dirigida a la prevención de los mismos.
El 25,5% de los accidentes mortales en el trabajo se produjeron como consecuencia de accidentes de tráfico, mientras que el 48% de la siniestralidad laboral fue a causa de accidentes no traumáticos -infartos- que se derivan “del estrés que se vive en determinados ámbitos laborales”, ha indicado el consejero.
En el caso de los accidentes de tráfico “en muchos casos son fruto de la presión que se ejerce sobre los empleados, al aplicar poca flexibilidad en las entradas y salidas de los centros de trabajo, al llamar al móvil mientras conducen o, en el caso de los transportes, al imponer un tiempo para cubrir las entregas”.
Son situaciones que “se pueden evitar”, mejorando esa flexibilidad horaria, evitando las penalizaciones en las entregas con los transportes o mejorando la organización en los desplazamientos en trabajos técnicos a domicilio, visitas de trabajo o reuniones”.
Para cumplir con ese objetivo, durante el mes de mayo, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha una campaña divulgativa en toda la comunidad, a la que se añadirán cursos a través del programa “Universitas”; labores de difusión en centros educativos o la creación de un sello de calidad en materia preventiva, entre otras acciones.
Las mismas se enmarcan en el V Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2016/19 para el que la Junta de Castilla y León ha destinado más de 17 millones en el ámbito de políticas de Seguridad y Salud Laboral en la comunidad, a los que se añaden más de 6 millones de euros aprobados en el Consejo de Diálogo Social.
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