La Fiscalía Provincial de Jaén ha requerido a los juzgados que se incoe proceso penal contra los empresarios en ocho casos de obras que tuvieron que ser paralizadas por presuntas infracciones de las normas de seguridad laboral.
Según informaron fuentes judiciales, el Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de procedimientos contra estos empresarios por un presunto delito de riesgo, ya que se trata de obras en las que se detectaron “incumplimientos” en las medidas de prevención de riesgos laborales, aunque sin resultados de accidente.
Estos ocho casos pertenecen al total de once partes que ha remitido hasta la fecha la Junta de Andalucía a la Fiscalía de Jaén relativos a la paralización de obras por infracciones de este tipo.
Estas obras fueron frenadas en su día por la Inspección de Trabajo al comprobarse que supuestamente no se estaban aplicando medidas de prevención y que los trabajadores se encontraban “en riesgo”. No obstante, las obras ya podrían haberse reanudado de nuevo “si se han adoptado esas medidas que entonces no se estaban adoptando”, precisaron las citadas fuentes.
Estos expedientes de paralización en los centros de trabajo son remitidos por la Junta a las fiscalías en aquellos casos con “riesgo grave o inminente para la salud de los trabajadores”, de modo que se lleva a cabo “sin necesidad de que se produzca un accidente”.
Según los últimos datos, de los 431 partes remitidos en Andalucía, 188 corresponden a siniestros mortales, mientras que 61 son de accidentes graves.
Estas cifras se dieron a conocer el mes pasado, después de que la Junta mantuviera una reunión con los fiscales andaluces encargados de la siniestralidad laboral, en la que participaron los fiscales de Córdoba, Almería, Cádiz, Granada y Jaén para realizar un seguimiento de las actuaciones realizadas desde la puesta en marcha del convenio para la especialización del Ministerio público en esta materia.
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