La Unión Provincial en Jaén del sindicato CSI-CSIF ha iniciado una campaña pionera en Andalucía con el objeto de informar y concienciar a los trabajadores sobre el fenómeno del mobbing o acoso moral en el trabajo, para lo que repartirán 7.000 folletos en diversos organismos públicos y empresas privadas y han habilitado una dirección de correo electrónico para recoger dudas y denuncias sobre esta situación.
Según informó a Europa Press el portavoz de este sindicato, Manuel Pérez Rafecas, aunque esta campaña, –que pretende extenderse en los próximos meses al resto de la comunidad andaluza– está destinada a todos los trabajadores, “es importante que llegue a los empleados de la administración pública, pues según un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, mientras la incidencia en la población activa oscila entre un cinco o seis por ciento, en las administraciones públicas asciende hasta un 11 por ciento”.
Por ello, los 7.000 dípticos y carteles –que incluyen una definición del mobbing, un perfil tanto del acosador como del acosado y las repercusiones de este fenómeno en la salud fisica y psicológica–, se repartirán inicialmente en hospitales, delegaciones provinciales de instituciones públicas y colegios, aunque posteriormente llegarán hasta las empresas privadas, donde el sindicato estará abierto a cualquier tipo de reclamación y consulta.
Además de esta fase divulgativa e informativa para dar a conocer el problema, los delegados sindicales realizarán actuaciones directas en los centros de trabajo, convocando reuniones, asambleas o resolviendo cuestiones o dudas de los trabajadores, ofreciendo las soluciones existentes en la actualidad, “como ponerse en contacto con el servicio de prevención de riesgos laborales del sindicato, con los servicios medicos de las empresas o directamente cursando una denuncia a traves de la Inspección Provincial de Trabajo”, indicó Pérez Rafecas.
En ese sentido agregó que existen dos sentencias de tribunales superiores de justicia, concretamente de Navarra y Valencia donde se falló en contra de empresarios que practican el mobbing, condenándolos a pagar multas de 18.030 euros (tres millones de pesetas) y 96.161 euros (16 millones de pesetas), respectivamente.
No obstante, el portavoz lamentó la existencia de “un vacío legislativo, al no estar contemplado el acoso moral en el Código Penal ni en las leyes, aunque si los daños por insultos o lesiones”, y mostró su deseo de que esta iniciativa “sirva para denunciar la situación ante los politicos y que estos tomen conciencia y modifiquen las leyes laborales, pues en países como Italia o Francia está penado incluso con años de cárcel”.
Por ello, el sindicato ha habilitado una dirección de correo electrónico, , para que los trabajadores denuncien su situación, y posteriormente se iniciará una campaña de recogida de firmas para incluirlas en posteriores iniciativas parlamentarias con el objeto de cambiar la legislación vigente.
Manuel Pérez Rafecas añadió que se propondrá la inclusión de este fenómeno en el estatuto marco de la función pública, donde se habiliten soluciones a este problema, “pues mientras las empresas privadas no pueden permitirse el lujo de marginar al trabajador, los acosadores de las administraciones públicas se dedican a marginar y hacer la vida imposible a su víctima, hasta que al final ésta decide marcharse o darse de baja”.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
