Varios funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona se especializarán en el tratamiento del acoso laboral, fenómeno ante el cual este organismo creará un protocolo para atender el incremento de denuncias que en 2001 ascendieron a 25.
Según Antonio Benavides, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la falta de normativa española y europea dificulta a los inspectores la identificación de este problema laboral, por lo que hay la necesidad de formar a los inspectores en este tema.
La Unión Europea define el acoso moral en el trabajo como un comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto por parte de una o más personas con el objetivo y el efecto de hacerle el vacío, según Efe.
Según una encuesta europea, publicada por la Organización Internacional del Trabajo, hay más mujeres afectadas que hombres y los sectores donde más se da este fenómeno son la administración pública y la hostelería, datos en los que coinciden las denuncias presentadas ante la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona.
A debate
El acoso moral fue uno de los temas, entre otros, que abordaron a principios de mes unos 200 inspectores y subinspectores de trabajo en el marco de una jornada de estudio organizada de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y que se desarrolló en Sitges.
Antonio Benavides explicó que los objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para este año 2002 serán el incremento en un 30% del número de contratos temporales a investigar con especial incidencia en los casos de finalización fraudulenta de estos contratos en los periodos de vacaciones. «Este tipo de situaciones», añadió, «se da especialmente en los sectores de la construcción y los servicios, en los que el índice de temporalidad es más alto».
También se controlarán los servicios de prevención en materia de seguridad y salud laboral en empresas de alta siniestralidad, incrementando el número de visitas de inspección para comprobar el cumplimiento general de las obligaciones en esta materia.
Benavides informó que en el pasado año 2001 se efectuaron un total de 31.951 actuaciones, un 20% más que el año anterior, que supusieron 1.935 millones de pesetas (11,52 millones de euros) en sanciones a 2.757 empresas de la provincia de Barcelona. Teniendo en cuenta que cuando entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1996 se aplicaron sanciones por unos 519 millones de pesetas y el pasado año se elevaron a 1.935 millones el incremento ha sido del 300%.
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