La Inspección de Trabajo y Seguridad Social paralizó 2.535 actividades laborales por riesgo «grave» de accidente durante el año pasado, e impuso sanciones por 93 millones de euros en concepto de infracciones de seguridad y salud laboral, lo que supone el 10% más que en el 2000.
La Inspección registró un descenso del 8,6% en el número de trabajadores afectados por falta de medidas de seguridad, dado que se pasó de 484.156 personas en el 2000 a 442.481 en el 2001, según el ministerio.
Como resultado de estas acciones, los inspectores levantaron 39.139 infracciones en acta, el 4,4% más que en el año anterior, y emitieron 107.591 requerimientos a las empresas para que corrigieran los fallos que se encontraron.
El pasado año los inspectores de trabajo realizaron 1.855 propuestas de recargo en las prestaciones derivadas de siniestro por incumplimiento de las medidas preventivas, lo que representa un incremento del 40,3%. La Ley General de la Seguridad Social fija que el recargo corre a cargo del empresario que incumple la norma.
La misma ley recoge que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en un accidente de trabajo o enfermedad profesional «se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50%», cuando la lesión se produzca por máquinas o en centros de trabajo que carezcan o tengan inutilizados los dispositivos de precaución, así como cuando no se cumplan las medidas elementales de salubridad.
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