Los Verdes pedirá a la Junta de Andalucía la exclusión del Ayuntamiento de Granada de la Agenda 21 por el “incumplimiento sistemático” de la misma, al considerar que la ciudad no ha mejorado sus niveles de contaminación acústica, atmosférica, lumínica y electromagnética, que se encuentran actualmente entre los más bajos de Andalucía.
Según informó en rueda de prensa el portavoz de la formación, Francisco Garrido, el equipo de Gobierno local no ha puesto en marcha medidas para paliar la contaminación de la ciudad y adaptarse a las premisas medioambientales a las que se comprometió al adherirse a la Agenda 21, plan de acción adoptado por Naciones Unidas tras la Conferencia de Río de Janeiro en junio de 1992 para la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Recordó que su exclusión supone una pérdida de prestigio y de subvenciones destinadas a proyectos medioambientales derivados de la Agenda 21, aunque no descartó pedir que esta medida afecte a otros municipios de la provincia y del resto de Andalucía que no cumplen con los parámetros mínimos tanto desde el punto de vista de los resultados (calidad ambiental) como de la planificación, sostenibilidad y habitabilidad establecidos.
Junto a la capital, Los Verdes señaló cinco puntos negros en la provincia durante 2004 como la contaminación de La Vega y su acuífero, el más importante de Andalucía, el impacto medioambiental en la Sierra, la especulación urbanística en la costa con proyectos como el del Puerto Deportivo de Motril, el crecimiento incontrolado de los invernaderos y la progresiva desertización de la provincia, que con un 88 por ciento se sitúa en la tercera del país.
Para paliar estos problemas, el colectivo propuso la creación de un Parque Periurbano, figura medioambiental que, a su juicio, dotaría de mayor protección a La Vega, establecer un aforo limitado para la estación de esquí, la expulsión de la capital de la Agenda 21 hasta que no presente un nuevo proyecto, y la “esperanza” en que el Plan General de Protección de Costas anunciado por el Gobierno central y la Agencia de Protección del Litoral impidan la especulación en la costa granadina y andaluza.
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