La importancia del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales no termina de calar en las empresas de Granada. Los datos de los nueve primeros meses del año que maneja la Inspección de Trabajo así lo demuestran.
La provincia ostenta el cuarto lugar, en el conjunto andaluz, en lo que a número de visitas realizadas por los vigilantes de este organismo se refiere. También es la cuarta en número de requerimientos dirigidos a empresas para enmendarles la plana en esta materia. Sobre el número de obras paralizadas por infracción grave de las medidas de seguridad y la cantidad de multas puestas por violar la normativa, ocupa el segundo puesto.
Pero lo más importante: en esta clasificación en la que pierden quien más se acerca al primera puesto, Granada pisa lo más alto del podio con un triste récord: es la provincia que más infracciones cometidas por empresas en materia de prevención de riegos laborales acumula. Según las estadísticas hechas públicas por el inspector de Trabajo, Jesús Jiménez Garrido, hasta septiembre de este año, han sido cometidas 141 infracciones cada mes.
Este dato adquiere relevancia si se compara con el número de inspecciones a empresas realizadas por Trabajo. La cifra de 1.275 infracciones a la ley de prevención de riesgos laborales no se debe a que Granada cuente con una mayor celo en la vigilancia de este cumplimiento. Al contrario, según los referidos datos, las visitas a empresas realizas en la provincia sólo suponen el 11,6% de las llevadas a cabo en Andalucía, con 2.214 cuantificadas hasta septiembre de este año.
La problemática se pone de manifiesto cuando ambas cifras se comparan y el resultado es que casi la mitad de las empresas que son vigiladas por la Inspección de Trabajo incumplen en algún aspecto la normativa que pretende evitar lesiones en los puestos de trabajo de los granadinos. Exactamente, el 57% de las visitadas.
Las consecuencias de una infracción en este sentido suelen ser, en su mayoría, de tipo administrativo. Se puede enviar un requerimiento para que sean corregidas en un plazo de tiempo fijado por Trabajo (en Granada se notificaron 1.661) o, en función de la gravedad de la infracción o de la desobediencia manifiesta de la empresa, se puede imponer una multa. Este año se impusieron 2,7 millones de euros en sanciones.
Las medidas tomadas por la Inspección de Trabajo pueden llegar a la paralización de obras. En el citado periodo de tiempo han sido paradas una media de 52. La puesta en peligro manifiesta de los trabajadores, también puede ser entendida como un delito. Desde enero de 2005, la Fiscalía denuncia a los empresarios que lo hacen, aunque no se hayan registrado accidentes laborales, previo informe de la Inspección. Hasta el momento, estas denuncias siempre se han referido a edificios en construcción.
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