Esta iniciativa da continuidad al anterior Plan General de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado desde 2004, aunque adaptando las medidas a plazos más cortos (mediante planes bienales) y a las necesidades de los sectores predominantes en cada territorio.
La Estrategia, que tiene como objetivos generales reducir de forma sostenidda la siniestralidad y mejorar las condiciones de trabajo, incluye también entre sus novedades la incorporación de medidas individualizadas de prevención atendiendo a los riesgos propios de colectivos concretos, como el de las embarazadas. En la misma línea preventiva, se intensificará el trabajo de detección y reconocimiento de las enfermedades profesionales, principalmente las derivadas de la exposición a agentes químicos, las patologías musculoesqueléticas y las asociadas al ruido.
El primer desarrollo de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo se concretará en un plan bienal para 2010-2011 que incluirá, entre otras novedades, el diseño de un programa de actuación sobre empresas con mayor incidencia de las enfermedades profesionales y la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para el control de los riesgos psicosociales.
Asimismo, está prevista la creación de un laboratorio-observatorio de condiciones de trabajo desde la perspectiva de género (que asumirá entre sus funciones el estudio de los riesgos para embarazadas) y el desarrollo de trabajos de investigación de la accidentalidad laboral a escala local, sobre la base de las principales actividades económicas de los municipios andaluces y con especial atención a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, donde es más difícil el control.
Otra línea novedosa del plnan bienal es la que se dirigirá a hacer frente al repunte de siniestros relacionados con tractores, mediante acciones formativas y de vigilancia y control.
Respecto a la estrategia en su conjunto, las medidas supondrán una ampliación de las desarrolladas desde 2004 y cuyo principal efecto ha sido una reducción del 30,68% en el número total de accidentes, del 43% en la mortalidad y del 33,38% en la tasa de incidencia (que relaciona la cifra de siniestros con la de trabajadores dados de alta).
Entre las 91 líneas de actuación programadas, con un presupuesto que prácticamente dobla los 65,8 millones de euros del plan anterir, siguen destacando las orientadas a ayudar a las empresas a mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos, fundamentalmente a través de incentivos económicos, acciones de asesoramiento directo (sobre todo en los ámbitos de las pymes y los autónomos), programas de renovación de equipos preventivos y planes de actuación específicos para las empresas con mayor siniestralidad y para las administraciones públicas. Junto con ello, se incluyen acciones para fortalecer la implicación de empresarios y trabajadores, a través de la negociación colectiva, y se introducen nuevos baremos para primar las buenas prácticas preventivas de las empresas en el acceso a la contratación pública.
Más alla del ámbito laboral y empresarial, el documento recoge también medidas para seguir impulsando el aprendizaje de hábitos de seguridad y salud en los niveles educativos iniciales (Primaria, Secundaria y Bachillerato), los programas de formación superior específica para técnicos o expertos en la materia (principalmente especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo) y los diseñados para empresarios, trabajadores en activo y desempleados.
Delegados de prevención
Junto con la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy un decreto para reforzar la figura de los delegados de prevención, que desde su creación en 1999 canaliza la representación y participación de los trabajadores para objetivos relacionados con la seguridad y la salud en aquellas empresas que cuentan con seis o más empleados.
Además de homogeneizar los registros de delegados, impulsar los censos provinciales y unificar modelos de inscripción, la nueva norma incorpora el diseño de acciones de formación y la creación de una tarjeta identificativa para estos representantes. Asimismo, añade como nuevos sujetos de inscripción a los comités y a los comités intercentros de seguridad y salud (para las empresas de más de 50 empleados o con varios centros de trabajo, respectivamente).
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