A Coruña, con 696 antenas de telefonía móvil instaladas en 663 emplazamientos, es la provincia gallega con mayor número de instalaciones.
En la provincia de Pontevedra existen 481 antenas de telefonía móvil en 452 emplazamientos, mientras que en la provincia de Lugo el número de estas antenas asciende a 254 ubicadas en 249 zonas. La provincia de Ourense cierra esta tabla con un total de 164 antenas instaladas en 160 emplazamientos.
Preocupación social
El ejecutivo estatal también hizo referencia a la preocupación social existente en torno a la ubicación de las antenas de telefonía móvil en zonas pobladas.
En este sentido, explicó que se está tramitando un Real Decreto para incorporar al ordenamiento jurídico español la recomendación del Consejo Europeo relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos.
Esta normativa tiene como principal objetivo limitar los valores máximos de densidad de potencia recibida para la población en general y para el caso de exposición continua. Así, se fijarían unos límites por debajo de los cuales no existiría ningún peligro para la salud de las personas.
Respeto al medio ambiente
El objetivo gubernamental es conservar el medio ambiente y preservar la salud de la población, al tiempo que se permite la prestación de un servicio cada vez más utilizado y extendido. “Estos principios no son excluyentes entre sí”, apostilló.
En respuesta a una pregunta realizada por el BNG, el ejecutivo de Aznar asegura que, de todas formas, en España, en los lugares en donde transitan o viven personas, “las densidades de potencia recibidas están muy por debajo de los límites de radiaciones establecidos por la UE”.
Por lo que respecta al impacto ambiental y paisajístico que provocan estas instalaciones en el territorio, el Gobierno asegura que la competencia en esta cuestión la comparte con las administraciones locales y autonómicas que “pueden establecer condiciones en la implantación de infraestructuras de telefonía móvil”.
En todo caso, el diputado del BNG Francisco Rodríguez aseguró respecto a este problema que en esta materia existe en España “un descontrol absoluto” derivado de “la falta de una normativa general y clara”.
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