El Consejo de Ministros, a iniciativa del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha acordado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley para la reforma de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El proyecto tiene como objetivo:
– Reforzar la Inspección de Trabajo convirtiéndola en un instrumento más especializado y con mayor capacidad en la lucha contra el fraude, con mejores medios tecnológicos para hacer frente a los nuevos retos, y nuevos funcionarios especializados en materias de seguridad y salud,
– Dotarla de una organización más adecuada al actual escenario competencial y que permita una mejor cooperación entre las administraciones general y autonómicas.
Nueva escala de subinspectores
Con ese objetivo, el proyecto de Ley presenta dos contenidos básicos:
1) Aumenta la potencialidad del Sistema de Inspección, incrementando las facultades del personal para conseguir una mayor capacidad en la lucha contra el fraude (especialmente en materia de contratación y trabajo de menores).
Crea una nueva escala de Subinspectores especializados en seguridad y salud que permitirá incrementar las actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
A la vez regula el empleo de las nuevas tecnologías y sistemas de información, poniéndolas al servicio de la actividad inspectora para conseguir mayor eficacia en la actuación.
2) Establece un marco jurídico que preserve la unidad de la institución y la haga compatible con el ejercicio de competencias sobre la función inspectora por parte de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, configurando un nuevo soporte institucional basado en los siguientes aspectos:
– Refuerzo de la cooperación multilateral a través de una Conferencia Sectorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la cooperación bilateral entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica en cada territorio.
– Creación de un órgano específico de participación de las CC.AA. en la dirección del Sistema, denominado Autoridad General, que permitirá integrar a las CC.AA. en el proceso de toma de decisiones respecto de las cuestiones esenciales del Sistema en su conjunto.
– Incremento de la participación de las organizaciones empresariales y sindicales en el Sistema de Inspección a través de la Comisión Consultiva Tripartita
Además, define el régimen jurídico del personal inspector con un régimen común (carácter nacional de los cuerpos de inspección, ingreso y selección únicos, y movilidad entre Administraciones) y garantiza, de modo esencial, el principio de unidad de función y actuación, que permite a los Inspectores y Subinspectores adoptar medidas en todas las materias socio-laborales, ya sean de competencia estatal o autonómica, con independencia de la adscripción del funcionario a una u otra Administración.
Consonancia con la OIT
El contenido del Proyecto de Ley está en consonancia con lo aprobado en materia de Administración e Inspección de Trabajo en la 100 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada recientemente en Ginebra, cuyas conclusiones que se centran en:
– Necesidad de reforzar los sistemas de inspección en todo el ámbito competencial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
– Necesidad de mantener una Autoridad Central e incrementar la coordinación con las Administraciones Territoriales.
– Necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación con los agentes sociales.
Ministerio de Trabajo e Inmigración
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