La Generalitat estudiará a partir de septiembre “un cambio” en la normativa que regula la subcontratación de empresas con el objetivo de evitar los “abusos” que en ocasiones cometen algunas compañías, especialmente en el sector de la construcción, según afirmó hoy el conseller de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó.
El objetivo es poner fin a la subcontratación en cadena, la práctica por la cual una empresa que ejecuta unas obras contrata a otra para desarrollar ciertas tareas y ésta, a su vez, se sirve de una tecera para llevarlas a cabo. Estas subcontrataciones llegan a veces, incluso a cuartas y quintas empresas “derivadas”.
Estas prácticas “abusivas” en la subcontratación perjudican al resto de empresas y a las condiciones de seguridad y salud de los empleados y por ello el Gobierno catalán “estudiará el cambio de la normativa”, aunque por el momento “esperamos que empiece por cumplirse la legislación actual”, explicó Teixidó.
El conseller hizo estas declaraciones tras presidir la Mesa de la Construcción de Catalunya, en la que la Generalitat, las patronales del sector y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han firmado un acuerdo de mínimos con medidas para frenar los accidentes laborales. Teixidó se mostró “muy satisfecho” por el acuerdo, el primero de estas características que se firma en Catalunya.
Además de aprobar un documento contra los citados “abusos” de la subcontratación, la Mesa de la Construcción ha acordado consensuar un código de buenas prácticas para favorecer la prevención de riesgos laborales en el sector.
La Generalitat, la la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC), en representación de otras organizaciones territoriales, y los sindicatos han acordado también probar durante un año el funcionamiento de un equipo de delegados territoriales de prevención, cuya tarea será visitar las obras y hacer recomendaciones a los empresas.
70 obras paralizadas hasta junio
En la prueba piloto participarán 12 delegados sindicales y otros tanto nombrado por las emrpesas que trabajarán de forma conjunta. Se trata de una tarea complementaria a la de la Inspección de Trabajo.
Hasta junio de 2003, los inspectores en Catalunya ha realizado 870 advertencias verbales en empresas de la construcción y 1.916 requirimientos, y han obligado a paralizar 70 obras por sus deficiencias en seguridad laboral. Asimismo, las 676 propuestas de sanción que ha formaludo ascienden a 1,7 millones de euros.
Creditos del ICF para seguridad
También han decidido constituir un fondo de garantía para que las pequeñas y medianas empresas puedan solicitar créditos al Institut Català de Finances (ICF), con el aval de la conselleria de Trabajo, que le ayuden a implantar medidas de prevención en sus centros de trabajo.
La Generalitat también se ha comprometido, de acuerdo con los agentes sociales, a aprobar un decreto por el cual las empresas tendrán la obligación de disponer del Documento de Cualificación Empresarial correspondiente al sector de la construcción para poder desarrollar su actividad, y sólo lo obtendrán mediante el cumplimiento de unas condiciones determinadas sobre prevención de riesgos.
Por otra parte, la Mesa ha decidido que la Generalitat recoja en un registro la formación que han recibido los trabajadores del sector para poder informar a los empresarios.
Patronales y sindicatos
El presidente de la CCOC, Rafael Romero, señaló que “el acuerdo de hoy es bueno porque a todos nos ha dejado un sabor agridulce” y agregó que “todas las medidas de prevención que se aprueben deben vincularse a la mejora de la competitividad”.
Por su parte, el responsable del sector de la Construcción en Comisiones Obreras de Catalunya, Miquel Peláez, explicó que “éste acuerdo no ha sido fácil –especialmente por la problemática de la subcontratación–, de mínimos, cogido por pinzas, pero si lo aplicamos daremos un gran paso en la prevención”.
En esta línea, su homólogo en UGT de Catalunya, Florentino Rodríguez, se felicitó de que “los empresarios empiezan a perder el miedo de vernos en las obras” y señaló que las empresas que incumplen la ley “hacen una competencia desleal respecto al resto”.
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