La Federación del Metal, Construcciones y Afines de UGT en Galicia aprobó ayer una resolución por la que apoya la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas que ayuden a paliar la situación de los trabajadores afectados por la exposición al amianto. La propuesta, realizada ante el Congreso de los Diputados, está liderada por el grupo parlamentario socialista y será debatida en la Comisión de Política Social y Empleo.
Para el sindicato, la iniciativa recoge buena parte de las reivindicaciones que ha venido realizado la central durante los últimos años, en especial aquellas dirigidas a crear mecanismos reparadores y de vigilancia de la salud para “los aproximadamente 60.000 trabajadores españoles que están o han estado expuestos a importantes niveles de concentración de fibras de amianto”.
50.000 fallecimientos
Como se recordará, la comarca de Ferrol es la que acoge a un mayor número de afectados en todo el país, con cifras que superan el millar, según las centrales sindicales. Hasta el momento, el Gobierno central ha reconocido que el número de trabajadores que presentan dolencias y enfermedades relacionadas con dicho material se aproxima al medio millar en la zona.
Para UGT, la prohibición del empleo, producción y comercialización del amianto en España, aprobada el pasado siete de diciembre, “sólo soluciona una parte del problema”. Expertos en el área calculan que más de 50.000 personas morirán en el país a consecuencia de cáncer de pleura, pulmón o asbestosis a lo largo de los próximos 25 años, período máximo de incubación de estas dolencias en el caso de producirse por la manipulación del amianto.
Bajo estas consideraciones, UGT exige al Gobierno que agilice al máximo la puesta en marcha de un programa de vigilancia de la salud para estos trabajadores. Esta iniciativa debe incluir aspectos como la identificación de la población de alto riesgo para detectar situaciones sobre las que actuar de forma preventiva.
Unidades sanitarias
También se demanda el desarrollo de métodos de prevención, tratamiento y rehabilitación con la idea de crear unidades sanitarias específicas destinadas a realizar controles médicos preventivos en todas las comunidades autónomas.
Por otro lado, las propuestas de la central se dirigen a la consecución de medidas para los trabajadores enfermos. Éstas se centran en flexibilizar los criterios de reconocimiento de enfermedad profesional, dado que determinadas dolencias relacionadas con la exposición al amianto no están reconocidas como causa de incapacidad.
Además, se demanda la promulgación de una norma que permita la jubilación anticipada de los trabajadores, en línea similar a las políticas sociales que han puesto en marcha países como Italia o Francia.
Por último, se propugna el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para los afectados. UGT destaca que Holanda ya creó hace unos meses un organismo oficial que atiende estas peticiones, en consonancia con el elevado número de afectados registrados en dicho país. “La necesidad de homogeneizar políticas reparadoras y compensadoras ante esta nueva y problemática situación, de dimensiones desconocidas, obliga a adoptar medidas por parte de los poderes públicos”, incide la central.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
