Los propietarios de tres empresas dedicadas a la construcción, además de varios técnicos, serán juzgados en septiembre por la muerte de un albañil que trabajaba en la construcción de una urbanización en Oleiros, en la zona de O Graxal.
Según el escrito de calificación del Ministerio público, que pide para la mayor parte de los acusados cuatro años y medio de prisión, el plan de seguridad y salud no designaba ningún trabajador específico que se ocupase de vigilar su cumplimiento.
El 19 de abril del año 2002, los albañiles comenzaron a retirar por encargo de la promotora el cerramiento perimetral de la obra, que consistía en unas mallas metálicas dispuestas en posición vertical que estaban sujetas a unos soportes verticales clavados en el suelo.
Para retirarlos, los trabajadores utilizaban una carretilla elevadora de mercancías. El trabajo que realizaban cuando se produjo el accidente no estaba definido ni en el plan ni en el estudio de seguridad, pues era ajeno a la urbanización del terreno.
Indica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales que “lo que resulta esencial” es que la carretilla era inadecuada para esa labor, ya que para su utilización se requieren ciertos conocimientos de los que carecían los trabajadores, a los que, en ningún momento, “se dio formación específica para su manejo en las debidas condiciones de seguridad”.
Los albañiles trabajaban en un terreno con pendiente, por lo que cabe la posibilidad de que la máquina se deslizase, aunque el fiscal cree que lo más probable es que el obrero que conducía la carretilla tuviese que dar un fuerte acelerón para poder superar el bordillo de la acera, lo que provocó el atropello mortal. El representante del Ministerio público pide que las compañías aseguradoras de los acusados indemnicen a la mujer del fallecido con 84.600 euros y con 35.000 a cada uno de sus cuatro hijos menores.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
