La Fiscalía de Granada ha decidido “a la vista de las pruebas practicadas” durante el juicio que comenzó el pasado 1 de febrero en Motril (Granada) retirar su acusación contra los once imputados por el accidente en el viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay, en Almuñécar, el 7 de noviembre de 2005, y que costó la vida a seis obreros.
El Ministerio Público pedía inicialmente hasta cuatro años de cárcel para los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto, por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión, solicitaba inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si estaban relacionadas con la construcción.
No obstante, y dado que tanto la declaración de los propios inculpados, como la de los testigos y los peritos no han revelado causas concretas sobre el desplome, sino probables, como el aflojamiento de tornillos o la rotura de soldaduras de la cimbra, ni han apuntado posibles responsables, el fiscal ha decidido desechar su petición de pena inicial, que habrá de justificar cuando el juicio quedará visto para sentencia.
Durante la octava sesión de la vista oral, que ha incluido además la realización de dos pruebas periciales a instancias de parte, las acusaciones populares, ejercidas por los sindicatos CCOO y UGT, han informado también de sus conclusiones, rebajando sus solicitudes de condena y eliminando de sus imputaciones los delitos por homicidio imprudente y lesiones imprudentes. Las defensas han mantenido por su parte que en este caso procede la libre absolución.
El sindicato UGT de Granada ha retirado su petición de clausura definitiva de las empresas relaccionadas, la que fue contratada para la ejecución de la obra, y también para la fabricante de la cimbra siniestrada, líder del grupo al que pertenece la empresa de estructuras.
UGT pedía en un principio un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para todos los procesados excepto el ingeniero director del proyecto, y ahora ha rebajado su solicitud hasta un total de 2 años y dos meses de prisión y multas de 48.000 euros, para seis de ellos.
Concretamente, ha retirado su acusación para el encargado de obra de la empresa de estructuras, el capataz de la obra, el gerente , el jefe de obra de la otra empresa implicada, a los que le imputaba inicialmente los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y contra la seguridad de los trabajadores. Para el resto, seis procesados, retira también los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes, pero mantiene el del delito contra la seguridad de los trabajadores.
Al coordinador de seguridad y salud que fue designado por el Ministerio de Fomento, UGT solicita una pena inferior en grado de 6 meses menos un día de prisión y multa de 4.800 euros; para la técnico de Seguridad y Salud de la empresa implicada, una pena inferior en grado de 4 meses de prisión y multa de 2.700 euros; para el técnico de Prevención de Riesgos Laborales de Estructuras, una pena inferior en grado de 3 meses de prisión y multa 1.800 euros; para el jefe de Obra de le empresas de estructuras una pena inferior en grado de 3 meses de prisión y 2.700 euros; para el administrador único y representante legal de Estructuras una pena inferior en grado de 5 meses de prisión y multa 18.000 euros; y para el representante legal de la empresa de puentes una pena inferior en grado de 5 meses de prisión y multa de 18.000 euros.
La acción popular de CCOO también ha modificado su petición, retirando sus acusaciones por homicidio imprudente y lesiones imprudentes, y manteniendo los delitos contra la seguridad y la salud laboral. El sindicato solicitaba inicialmente un total de 288 años de cárcel, incluyendo al que fuera el jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental que ya fue apartado de la causa al comienzo del juicio, y ahora ha decidido acusar sólo a ocho de los once procesados, exculpando al capataz de la obra, de la empresa de estructuras, y al representante legal de la empresa encargada del proyecto.
Mantiene así su acusación por el artículo 316 del Código Penal, por un delito contra la seguridad y la salud laboral, y solicita un total 20 años de prisión para el resto de inculpados, dos años y medio de cárcel y multas de 12.000 euros para cada uno de ellos. Asimismo, alternativamente, pide que los hechos se enmarquen en el 317, en cuyo caso la pena se quedaría en multas de 6.000 euros para cada uno.
La octava sesión desde que comenzó la vista oral en el Palacio de Justicia de Motril, ha comenzado con una advertencia del juez contra la persona del público que el pasado miércoles se levantó dando un portazo, prohibiéndole su entrada en la Sala por su “mala educación” demostrada y su falta de respeto hacia el juez, fiscal y abogados, aunque sin dar su nombre, y también se ha referido al individuo que llamó “mamón” al magistrado, contra el que no tomará medidas al no haber sido identificado.
El juicio quedará visto para sentencia el próximo miércoles, que será cuando las partes tendrán que exponer sus informes y justificar sus peticiones de pena. Especialmente importante será la argumentación que ofrezca la Fiscalía después de haber decidido retirar todas sus acusaciones contra los once imputados.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
