El Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO criticó a Chile por sus prácticas laborales en su informe de 2014 destinado a reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza a través de la promoción de la acuicultura sostenible. En su estudio “Mejorando la legislación del empleo en la acuicultura“, acusó a las empresas de reiterada “delincuencia” por la infracción de normas de trabajo, y a las autoridades de haber quitado las cláusulas que les niegan las licencias luego de ser multadas. Además, cuestionó que el país tenga una capacidad de solo un 12 por ciento en regulación de las normas, que a su vez permite salarios desproporcionados entre mano de obra y gerentes y entre la mano de obra productiva y el nivel de producción. Entre las empresa de mayor incumplimiento en Chile citó a Marina Harvest y a Mainstrem. “La efectiva dirección gerencial de la moderna acuicultura debería reconciliar el bienestar ecológico y humano. Sin una efectiva legislación habrá una mala asignación de recursos, y tal vez un estancamiento de la industria, daños irreversibles al medio ambiente, y malestar social”, indicó la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). En teoría, los salarios reales deberían reflejar la productividad del trabajo, sin embargo “los salarios reales en Chile son considerablemente inferiores a los de Canadá (y también de Noruega)”. La FAO al observar la distribución de los ingresos salariales de Chile sostuvo que “los trabajadores del salmón no reciben los salarios que compensan su productividad”. Los analistas ven, que a pesar de que a los gerentes de las empresas de acuicultura en Chile se les paga más o menos un sueldo similar al de un puesto de responsabilidad en otras regiones, a los salarios de mano de obra de producción se los deja muy por debajo del promedio chileno. La FAO explicó que todas las jurisdicciones chilenas tienen reglamentos para proteger a los trabajadores, para que se cumpla las normas de la OIT. Entonces concluye que “si el dumping social está ocurriendo, se debe a la incapacidad de las instituciones reguladoras para supervisar y hacer cumplir la ley. Esto parece ser el caso para Chile”, indica el informe. Además de explicar que cuenta con pruebas dadas en un estudio de Phyne y Mansilla en 2003, los analistas citan como ejemplo que en el período 2003-05, en un total de 572 inspecciones programadas se aplicaron 404 multas. “Una tasa de violación de 70 por ciento”, resalta. ”Entre las violaciones estaban: el empleo de los trabajadores eventuales (falta de contratos), violación de las normas de salud y la seguridad en el lugar de trabajo, condiciones de trabajo inseguras, violación de la maternidad y reglas y prácticas antisindicales”.
Marine Harvest y Mainstrem
Las dos mayores empresas extranjeras, Marine Harvest y Mainstream (ambas noruegas), fueron citadas en el análisis “por tener bajas calificaciones de cumplimiento y altas calificaciones de incumplimiento”. “Mainstream fue multada por lo menos 13 veces por infracción del Código de Trabajo desde 2002. Ha sido culpable de: no proporcionar equipo de protección a los empleados, no dar contratos de trabajo, de semanas de trabajo de siete días y de suspender de forma ilegal un sindicato elegido por primera vez”.
Incumplimiento de las regulaciones
Una gran llamada de atención a Chile fue su uso aprovechado de recurso de subcontratistas, y su falta de cumplimiento a las normas. “El 62 por ciento de los accidentes de trabajo en la acuicultura del salmón en Chile se produjo en las empresas subcontratadas, y en tales empresas las sindicalización es difícil”, agregando a ello que ahí los salarios son alrededor de “un 30 por ciento inferiores a los de los trabajadores permanentes”. “Las empresas salmoneras se despojan de las responsabilidades por la subcontratación; más de la mitad de los trabajadores de la industria son suministrados por subcontratistas”, dice la FAO. Según el estudio, la normativa chilena ya debería cumplir Normas de la OIT, pero evidencia que “la gobernanza del mercado y el deseo de mantener la competitividad de los costos podría estar estimulando a las empresas y a los legisladores a minimizar la importancia de las normas de la mano de obra”. “Existe una capacidad limitada para supervisar las regulaciones. La Dirección del Trabajo tiene capacidad para inspeccionar sólo el 12 por ciento de las instalaciones de salmón”. A su vez sostiene que “las sanciones no son lo suficientemente onerosas”. Para ello cita el ejemplo de que con solo una cláusula en la nueva propuesta legislación que regula el cultivo de salmón en Chile se habrían retirado licencias de las granjas que violen la legislación laboral; sin embargo esta cláusula que debió existir, “parece haber sufrido una baja”, al explicar que en Chile se quitó simplemente. Además agrega que en Chile “hay repetición de esta delincuencia”, por lo que propone “penas más severas que podrían inducir un comportamiento más responsable”.
Empresas reguladoras
En Chile, el principal organismo administrativo para la acuicultura es el Departamento de Acuicultura, dentro de la Subsecretaría de Pesca. La Subsecretaría de Pesca es la responsable de mantener la información, concesiones y proponiendo áreas autorizadas para la acuicultura, la identificación de capacidad para la gestión de la acuicultura de manera eficiente, y la elaboración de criterios para la ubicación. El modelo de gobernanza de la acuicultura de Chile, para los investigadores está impulsado por el mercado y se refleja en su declaración de política: “Chile tiene como objetivo promover el máximo crecimiento económico posible en el tiempo de la acuicultura, pero en un ambiente de la sostenibilidad ambiental y acceso equitativo a la actividad”. En este modelo el documento sostiene que mientras los trabajadores de la acuicultura en Chile son subcontratados y no compensados correctamente por su producción, el Gobierno no vela para que se cumplan con ellos las leyes básicas laborales. Son frecuentemente remunerados por contratistas que sí se ven compensados por el negocio de la acuicultura.
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