Los miembros de una familia de Burriana que reside junto al edificio de Telefónica, en la calle Ecce-Homo, han presentado un documento en el Ayuntamiento en el que denuncian padecer varios síntomas, como dolor de cabeza, insomnio y alergias, a causa de unas antenas de telefonía móvil que están a unos 15 metros de su domicilio.
En el escrito presentado ayer en el consistorio, la familia exige que se informe a la población y que se trasladen las antenas, como mínimo, a 600 metros de la población. El padre de familia, Vicente Navarro, demanda que se hagan mediciones en la antena que está situada en la calle Ecce-Homo y que les faciliten copias de los resultados para una posible reclamación judicial.
“Mi familia presenta síntomas similares a otros casos que han aparecido en la prensa, especialmente mi mujer y mi hijo, de nueve años, que padece dolores de cabeza”, dijo Navarro, que destacó que su hija, de dos años y medio, nació de parto prematuro con 34 semanas de gestación y dos kilos de peso.
Otro dato que puede ser significativo, según Navarro, aunque no se puede constatar científicamente, es que los peces de su acuario “se han muerto sin causa aparente”.
Navarro también se ha puesto en contacto con responsables de Telefónica, que le han contestado diciendo que ellos cumplen todos los requisitos legales, por lo que el problema es del Gobierno central, explicó el afectado. Asimismo, Vicente Navarro ha hablado con la abogada Soledad Gallego, autora de un informe jurídico sobre la instalación de teléfonos móviles dirigido a comunidades de propietarios. Según explicó esta experta a Navarro, los responsables directos son los ayuntamientos de cada municipio ya que son ellos los que conceden la licencia. Además, el informe de Gallego hace extensible la responsabilidad a otros organismos, como las comunidades autónomas.
Los ayuntamientos actúan por las quejas vecinales
La instalación de antenas de telefonía móvil en las azoteas de los edificios de muchos municipios ha provocado la alarma entre los vecinos ante los posibles perjuicios a la salud.
Algunos ayuntamientos han optado por sacarlas fuera del casco urbano o por no conceder más licencias. Este es el caso de Castellón, Almassora, Benicarló, Vila-real, Nules, Vinaròs y Onda, entre otros. Además, muchas de las corporaciones están preparando ordenanzas para regular esta situación, y otras ya las tienen. Aunque todos esperan una ley estatal.
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