La dirección general de la Policía decidió adquirir estos nuevos “zetas” (así son conocidos los coches patrullas del cuerpo) el pasado año.
En el momento de la compra, la dirección decidió modificar algunos elementos de estos vehículos. Para ello, se contó con el informe favorable de un equipo de ingenieros técnicos expertos en prevención de riesgos laborales.
Concretamente, la modificación supuso un coste aproximado de 1.000.000 de euros.
Principales problemas:
Se redujo el habitáculo de la parte delantera del vehículo, de tal forma que los agentes tenían que forzar al máximo su asiento. Algunas de las mamparas acabaron rompiéndose con la presión de los respaldos. Los policías denunciaron que una persona de 175 centímetros de altura no cabía en la parte del conductor: su cabeza daba en el techo y sus rodillas, en el volante.
Los asientos eran móviles, es decir, no tenían un tope en el rail de desplazamiento, por lo que en su movimiento podían chocar contra la mampara de seguridad.
Carecían, además, de protección lumbar. Según los agentes, “no estaban adaptados para ubicar los instrumentos de dotación reglamentarios”.
También señalan que la ficha de inspección técnica sólo permite cuatro ocupantes.
Los coches tampoco tenían el sistema de seguridad E.S.P., que evita derrapes y controla la tracción del vehículo.
Denuncian que se podrían haber ahorrado otras modificaciones innecesarias para dotar al vehículo de este sistema de seguridad que supone un desembolso mínimo: unos 300 o 400 euros por vehículo.
La dirección general de la Policía ha decidido rectificar ante las quejas de los agentes y desmontar las modificaciones efectuadas en los vehículos policiales.
Es decir, el coste total de los cambios en los asientos y demás mobiliario interior, y el devolverlos a su situación de fábrica será de 2 millones de euros.
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