La oposición de España, Francia, Italia, Grecia y Chipre a aceptar una propuesta en la que no se fijaba una fecha para eliminar la posibilidad de prolongar la jornada laboral máxima en la UE hizo fracasar las negociaciones entre los países de la UE para renovar la directiva sobre tiempo de trabajo y en las que los Estados miembros mantuvieron sus posiciones enfrentadas, una a favor de más flexibilidad y otra, como la de estos cinco, a favor de ceñirse a la jornada laboral máxima y en contra de su ampliación.
La Presidencia finlandesa de la UE convocó este martes un Consejo extraordinario de Empleo para tratar de desbloquear unas negociaciones que ya en 2004 deberían haber dado como resultado una revisión de la directiva sobre la que, tal y como ocurrió hoy, los Estados miembros no han llegado aun acuerdo.
La reunión se dio por terminada una vez que los cinco países mostraron su rechazo a un último documento sobre la revisión de la posibilidad que tienen los Estados miembros de permitir prolongar la jornada laboral máxima ,el denominado opt-out. En general, en la UE está fijada en 48 horas, aunque en España es de 40 horas.
La Presidencia de la UE propuso un límite de 60 horas a la semana en un periodo de referencia de tres meses, una cantidad que algunos países como Reino Unido, Austria, Alemania o Polonia pretendían elevar hasta las 65 horas.
No obstante, la discusión quedó reducida a última hora a la posibilidad de hacer desaparecer el opt-out. Aunque la propuesta de compromiso contemplaba esta opción como una excepción al principio general de las 48 horas, no se concretaba una fecha para su eventual supresión. Aludía a que la Comisión tomaría en cuenta las evaluaciones de los países que se acogieran a la prolongación de la jornada laboral con miras a poner fin gradualmente a dicho recurso.
Los cinco países que bloquearon finalmente exigían una fecha concreta para su eliminación progresiva. En este sentido, Francia, España e Italia suscribieron una enmienda que proponía que esto ocurriese en un plazo de 10 años después de la transposición de la directiva a las legislaciones nacionales.
Las conversaciones continuaron durante el almuerzo, al término del cual la Presidencia presentó otra propuesta de compromiso que indicaba que no más tarde de cinco años después de la aplicación de la nueva ley los Estados miembros reexaminarán el opt-out con miras a una desaparición gradual y que, posteriormente, no más tarde de seis años después la Comisión someterá, si es necesario, propuestas apropiadas para reducir las horas de trabajo excesivas.
El ministro italiano de Trabajo, Cesare Damiano, consideró esta nueva redacción un esfuerzo insuficiente y se remitió a la enmienda conjunta con Francia y España para reclamar una propuesta que contenga inequívocamente las limitaciones al opt-out -como su exclusión para contratos temporales y que sea voluntaria-. De la misma forma, el ministro español, Jesús Caldera, consideró necesario incorporar la enmienda y que el cuerpo jurídico (de la nueva norma) incluya la fecha final del opt-out, que no deberá ser superior a 10 años después de la transposición de la directiva.
Los ministros de Francia, Chipre y Grecia confirmaron su posición a favor de la postura de Italia y España y los cinco rechazaron la propuesta, dando lugar a una minoría suficiente para bloquear un acuerdo que hizo que la Presidencia de la UE decidiera clausurar la reunión.
La ministra finlandesa y presidenta del Consejo, Tarja Filatov, constató que, según estaban de enfrentadas las posiciones, no llegaremos a un acuerdo aunque estuviéramos sentados hasta la media noche, debido a que si la postura de estos cinco países no se movió, tampoco lo hizo la de otros como Reino Unido o Alemania, a favor no solo del opt-out, sino también de su ampliación, y en contra de su supresión progresiva a medio plazo.
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