La Organización Colegial de Enfermería reclamó hoy al Gobierno que regule la obligatoriedad de introducir, de forma paulatina, la utilización de material de bioseguridad en los centros sanitarios para reducir en cerca de un 70 por ciento el riesgo de contraer enfermedades infecciosas al que se exponen cada día los profesionales de Enfermería, según explicó el presidente del Consejo General, Máximo González Jurado.
Los 51 países de la Región Europea, que se reúnen estos días con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han decidido además, redactar un manifiesto en el que trasladan esta demanda a cada uno de sus gobiernos, así como a los órganos competentes de la Unión Europea para que adopten estos mecanismos de seguridad, añadió González en rueda de prensa celebrada hoy en Madrid.
Según indicó, siete de cada diez enfermeras se pinchan a lo largo del año con jeringuillas y otros materiales punzantes y asumen, junto a auxiliares y estudiantes de Enfermería, el 70 por ciento de riesgo de contraer enfermedades infecciosas por su actividad diaria entre todo el personal médico.
Así, una de cada 3 enfermeras corre riesgo de sufrir hepatitis B, una de cada 30 de desarrollar hepatitis C y una de cada 300 de contagiarse con el virus del sida, siendo la sangre y sus derivados las principales vías de infección.
En cuanto a los lugares en donde más habitualmente se producen, la habitación del paciente ocupa el primer puesto (35,5 por ciento), seguida de quirófanos y salas de parto (23,5 por ciento) y fuera de la habitación (11,6 por ciento).
Para González Jurado, estos datos evidencian la necesidad de establecer medidas de seguridad en el uso de jeringuillas y objetos punzantes en centros sanitarios, lo que evitaría cerca del 70 por ciento de infecciones y supone sólo un tercio los costes laborales derivados de los accidentes producidos por estas herramientas.
Contactos con la administración
Con el objetivo de que el Gobierno avance en esta dirección, el presidente de la organización colegial se ha reunido ya con los titulares de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Sanidad y Consumo, Eduardo Zaplana y Ana Pastor, respectivamente.
González aseguró haber recibido una respuesta “positiva” y “sensibilidad importante” por parte de ambos, pero lamentó que por el momento permanezca sólo como tal, “en el cajón de los olvidos”. “Exigimos” a los gobiernos central y autonómicos que apliquen estas medidas “de forma inmediata” en España porque “no consentimos ni un día más” que un trabajador del sistema sanitario esté expuesto a este riesgo cuando es “evitable”, insistió.
Los dispositivos de seguridad propuestos para alcanzar este objetivo se basan principalmente en mecanismos de retractibilidad de la aguja y encapuchamiento de los preservorios y por el momento sólo han sido introducidos de forma aislada y voluntaria en algunos hospitales españoles. De regularse la obligatoriedad de su uso, España se convertiría en el segundo país en hacerlo, después de Estados Unidos.
No más pinchazos
Por su parte, Ana Salegui, enfermera que se pinchó con una aguja infectada por el virus VIH de un paciente hace 12 años, secundó las palabras de González y estimó que aunque “el riesgo cero no existe en ninguna profesión, se podría llegar al no más pinchazos”.
“Merece la pena”, opinó recordando que “detrás de cada pinchazo hay una familia y detrás de cada accidente hay un entorno” del que el afectado tiene que sufrir discriminación social que viene a agravar su situación de estrés y sufrimiento personal. “En esta situación ya ha habido muchas personas y algunas de ellas ya han muerto”.
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