Los ex trabajadores de Electroquímica Andaluza se concentrarán a principios de la próxima semana ante la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social y ante la Bolsa de Madrid para protestar por la actitud del INSS y de las empresas propietarias de la sociedad, Uralita y Grupo Aragonesas, dado que, en su opinión, “están poniendo muchas pegas a los trámites y sentencias judiciales, y están buscando todos los resquicios legales para no cumplirla con continuos recursos y peticiones de prácticas de nuevas pruebas”.
Según informó el portavoz de estos trabajadores, Antonio Martínez, los empleados irán inicialmente ante las puertas de la Seguridad Social, donde entregarán un documento preguntando “cuándo tomará cartas en el asunto y exigiéndoles que no se inhiban de su responsabilidad ni que escondan el hombro”.
Tras dicho acto, los ex trabajadores de Electroquímica, que llevarán unos monos especiales con el nombre de las empresas, además de pancartas recordando los 19 muertos de un total de 85 empleados, acudirán a la Bolsa de Madrid, donde permanecerán hasta su cierre, “para decirle a los accionistas de estas empreas que sus directivos son unos asesinos, corruptos e irresponsables, y que llevan muchos años mintiendo”.
Los 85 empleados de esta empresa radicada en Úbeda (Jaén) –19 de los cuales ya fallecieron– aseguran que sus dolencias son provocadas por hidrargirismo, una enfermedad derivada del contacto con mercurio, sustancia empleada en el trabajo cotidiano de la factoría, que cerró hace más de diez años al comprobarse que no cumplía las mínimas medidas de seguridad.
Tras las sentencias del juzgado de lo Social de Jaén favorables a los trabajadores y que reconocen la enfermedad profesional, las empresas recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ante el Tribunal Supremo “aportando nuevas pruebas y exigiendo pasar nuevos reconocimientos, esgrimiendo falsedades e intentando contradecir nuestras pruebas”.
Martínez acusó a los propietarios de Electroquímica de ser unos “corruptos, especuladores y criminales, pues sabían del peligro que corríamos” y alertaron de que esta situación de falta de control e información “la están repitiendo en otras empresas, por lo que con nuestras protestas queremos que se entere toda España”.
También criticó que las administraciones públicas tampoco cumplieron ni se portaron bien con estos trabajadores, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social denegó nuestra petición administrativa de incapacidad”, y resaltaron únicamente la labor positiva de los jueces “que al menos hicieron cumplir la ley”.
El Tribunal Supremo ha reconocido hasta la fecha 14 casos de incapacidad permanente por enfermedad profesional a estos ex empleados, después de que el Juzgado de lo Social dictara en primera instancia a favor de 27 trabajadores, de los que 24, además de reconocerle la incapacidad permanente, también deberán recibir un pago del 30 por ciento de recargo en las pensiones por falta de medidas de seguridad, a cargo de la empresa.
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