La empresa Electroquímica Andaluza alegó hoy en el juicio en el que ex trabajadores reclaman un recargo sobre sus pensiones que se cumplieron exhaustivamente todas las normas de seguridad e higiene laboral que estaban vigentes en el momento en el que se hicieron cargo de la factoría en 1990 y cuando se cerró dos años después, por lo que pidió que se desestimara la demanda.
El juzgado de lo Social número uno de Jaén celebró la vista oral de la demanda de un total de 25 ex trabajadores de la empresa que reclaman en conjunto que sea la empresa la que pague un recargo del 50 por ciento sobre sus pensiones debido a que no puso medidas para garantizar la seguridad e higiene en el trabajo y dado que está demostrado que la enfermedad que padecen fue provocada directamente por la actividad que hacían en la empresa, según indicó uno de sus abogados, José Gutiérrez.
Electroquímica Andaluza funcionó hasta 1992 en Jódar (Jaén) y sus más de 60 trabajadores, 16 de los cuales han fallecido ya, desarrollaron una enfermedad denominada hidrargirismo, que es la acumulación en los órganos vitales del mercurio utilizado para fabricar productos químicos.
La defensa de Electroquímica señaló en el jucio que las actividades de riesgo pueden provocar enfermedades, pero no se puede achacar a la empresa una responsabilidad de la que se derive el pago de estos recargos en las pensiones porque se respetaron todas las normas y para que la petición de los ex trabajadores fuera atendida sería preciso que no se hubieran cumplido, además de que estas reclamaciones están prescritas.
Electroquímica defendió que se rechazara la demanda de los trabajadores o, en el caso de que se aceptara, que se contemplase el menor recargo previsto por la Ley, que es el 30 por ciento, un porcentaje que ha sido asumido por los juzgados de lo Social de Jaén en tres sentencias anteriores de otros tantos ex trabajadores que las presentaron individualmente.
Accionistas
Los propietarios de la empresa, los grupos Aragonesas y Uralita, rechazaron que fueran responsables subsidiarios por el hecho de ser accionistas, indicando que no les unía ninguna relación laboral con los afectados, aunque la defensa de éstos señaló que fueron ambas sociedades quienes avalaron los 600 millones que costó cerrar definitivamente Electroquímica, un dato que avalaría su reclamación.
El presidente de la Asociación de Afectados por Mercuro, Antonio Martínez, manifestó que los ex trabjadores tienen “miedo real a la muerte” dada la evolución de la enfermedad “que ha hecho que muchos no puedan ni venir al juicio”, añadiendo que de todos modos “nos mantenemos con ganas de luchar”.
Agregó que la mayoría de los 25 ex trabajadores que hacen está reclamación tiene invalidez absoluta y unos pocos la invalidez permenente total por la enfermedad profesional que ha sido reconocida por los juzgados en diferentes sentencias de las que se derivan indemnizaciones, aunque todas ellas fueron recurridas por la empresa.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
