La Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa solicita penas que suman quince años de prisión para cuatro directivos de tres empresas y un arquitecto técnico que este mes serán juzgados por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores, después de que un soldador falleciese en Rentería tras sufrir una caída durante la construcción de un pabellón. El ministerio público sostiene que si se hubiesen adoptado las medidas de seguridad legalmente exigidas el siniestro «se habría evitado».
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2002 cuando un trabajador de 28 años realizada labores de soldadura sobre un forjado situado a casi cuatro metros de altura. El empleado prestaba sus servicios para una empresa que, a su vez, había sido subcontratada para la instalación de tuberías, dentro de la construcción de un pabellón industrial en Rentería.
Según el escrito acusatorio, el trabajador sufrió una caída cuando ascendía o descendía -este extremo no ha podido ser determinado- por una escalera. A consecuencia del percance, se golpeó la cabeza contra el suelo y sufrió un traumatismo craneoencefálico que le ocasionó la muerte.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, enumera todo un catálogo de supuestas irregularidades en materia de seguridad en las que habrían incurrido los responsables de las empresas que dirigían y ejecutaban los trabajos de construcción del pabellón. Y asegura que todas estas causas «fueron determinantes» para se produjera el accidente. Entiende, además, que las infracciones pusieron en grave riesgo a los operarios de los distintos gremios que trabajaban en el lugar del accidente. La Fiscalía acusa también al arquitecto técnico de la obra de obstaculizar la investigación.
Las cinco personas imputadas son los dos promotores de las obras, el arquitecto técnico, el titular de la empresa para la que trabajaba el fallecido y el jefe de administración de otra compañía contratada para la ejecución del proyecto. Para cada uno de ellos, la Fiscalía pide tres años de prisión por un delito contra del derecho de los trabajadores en concurso con un homicidio imprudente. Asimismo, solicita que indemnicen con 101.000 euros a los padres del trabajador fallecido.
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