El plan de ahorro energético que se está llevando a cabo en las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana está provocando un gran malestar entre los magistrados. Algunos de ellos creen que la empresa adjudicataria del mantenimiento está incumpliendo varios decretos legislativos al disminuir la cantidad de luz con criterios más que cuestionables.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Alicante, Javier Latorre, mantuvo una discusión con los operarios encargados de retirar bombillas y tubos. Al final, tras un tenso tira y afloja, los trabajadores volvieron a aumentar la luz en su despacho y la sala donde este órgano celebra las vistas. «Están jugando con nuestra salud. Esto incumple las medidas más elementales de prevención de riesgos laborales», dijo el juez, visiblemente enfadado.
La suya no es una queja aislada. Hace varias semanas, la empresa adjudicataria, una UTE, dejó prácticamente en penumbra el hall del módulo del Palacio de Justicia de Benalúa donde se ubican la Fiscalía de Menores y tres juzgados de esta jurisdicción. Al final, las protestas obligaron a los operarios a reponer varios tubos fluorescentes. El contrato de la Generalitat establece la obligación de ahorrar un 10% de energía en las sedes judiciales de toda la Comunitat Valenciana.
El documento fija unos mínimos de lux (unidad de iluminancia) de acuerdo a tres reales decretos de 1997, 2007 y 2009. De esta manera, la UTE tenía que mantener 500 lux entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde durante los días laborales en todas las dependencias administrativas de los juzgados de Alicante. Para las salas de vistas, en esa franja horaria, se establecían 300 lux.
La disminución de luz en Benalúa es evidente desde hace más de un mes. Los operarios encargados de ejecutar el plan de ahorro trabajan contrarreloj, ya que el 12 de junio la UTE tiene que haber cumplido los objetivos.
Así, la oscuridad se ha ido adueñando de no pocos pasillos y zonas muertas de las sedes judiciales alicantinas. Paralelamente han comenzado a escucharse quejarse por los supuestos excesos en la reducción. Algunos, como el magistrado, creen que el plan se tiene que ejecutar con criterios más «racionales» para no perjudicar el trabajo cotidiano tanto en despachos como en salas de vistas.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
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