El Gobierno se compromete a implantar «a lo largo de 2003» un sistema de bonificaciones y penalizaciones (bonus/malus) sobre las cotizaciones sociales según la siniestralidad laboral presentada por la empresa. Así, a más accidentes, mayor aportación, y a menos siniestros seguirá una reducción de estos costes.
Esta medida está incluida en el plan de choque contra los accidentes en el trabajo que prometió el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, el pasado 14 de octubre y que será entregado hoy mismo a las comunidades autónomas para buscar el consenso en la materia.
La propuesta no es nueva. Se trata de una iniciativa anunciada en varias ocasiones, pero que nunca ha llegado a convertirse en realidad. El Gobierno ha puesto al fin fecha a la medida, comprometiéndose a aplicar la reforma «a lo largo de 2003».
El cambio de tarifas es uno de los cuatro pilares en los que se basa el plan de choque. Junto al establecimiento del sistema bonus/malus, el Ejecutivo prevé trasladar a la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional la propia naturaleza de la actividad. Esto es, será mayor la cotización por un peón de la construcción que la de un administrativo, dada la mayor peligrosidad de la primera profesión. La aplicación de la nueva tarifa sería de forma gradual para evitar distorsiones en los sectores productivos y en el sistema financiero de la Seguridad Social.
Registro mensual
Las otras novedades afectan a la cuantificación y evaluación de los accidentes, la modernización de las mutuas y la responsabilidad de la empresa principal en la subcontratación.
En el primer apartado, la novedad reside en el establecimiento de un registro mensual de accidentes similar al existente para el paro del Inem. El objetivo es conseguir un sistema de información más rápido, con descripción detallada de las circunstancias en las que se produjo el accidente, sobre todo si es mortal, para aplicar mecanismos preventivos inmediatos. El nuevo proceso informativo se denominará Delta y entre sus objetivos figura el conseguir que la transmisión de los datos estadísticos de accidentes se realice por medios telemáticos.
Hasta entonces (siempre que el plan prospere), la presentación de datos se remodelará con tendencia a establecer un registro nacional mensual. Para ello, será imprescindible fijar criterios homologados entre comunidades autónomas respecto al accidente -tipo de contrato, edad de la víctima, características del siniestro…-
Consejo de mutuas
El tercer pilar de la propuesta afecta a las mutuas. El Gobierno propone su modernización con la creación de un consejo tripartito, con representantes de la Administración, de los empresarios y de los sindicatos, para controlar su funcionamiento y hacerlas más eficaces. El mecanismo de estas entidades data de 1976 y se ha quedado obsoleto.
En relación con este apartado, empresarios y sindicatos han trasladado a la negociación que mantienen sobre la renovación del acuerdo-guía de convenios colectivos para 2003 cómo hacer los reconocimientos anuales de los trabajadores, puesto que el sistema utilizado en los últimos años (calificado como provisional en su día y consistente en que las mutuas pagaban los exámenes generalizados) terminó el pasado día 18. Ambos interlocutores esperan suscribir este acuerdo en enero.
El proyecto también apuesta por mejorar la coordinación entre empresas de trabajo temporal y usuarias, y establecer en la subcontratación una mayor responsabilidad de la compañía principal con las subordinadas. Por ejemplo, los contratantes de trabajadores de empresas temporales tendrán que asegurarse con la documentación pertinente de que estos empleados están adecuadamente formados e informados sobre los riesgos profesionales que se pueden encontrar.
Respecto a la subcontratación, el Gobierno pretende que la Administración, los agentes sociales y las comunidades debatan a lo largo del primer trimestre de 2003 las obligaciones de las compañías, bien sean las contratistas o las subordinadas. En su planteamiento, se inclina también por una mayor coordinación entre la representación laboral de las empresas que comparten el mismo centro de trabajo.
Las medidas conllevan un plazo de ejecución que no sobrepasa el año 2003. Muchas no pueden ser de inmediato cumplimiento puesto que su aplicación requerirá cambios legislativos. Gobierno y agentes sociales tendrán nuevas reuniones para perfilar los cambios.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
